El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, aseguró que el Ejecutivo no atenderá el requerimiento de la constructora brasileña Odebrecht de reembolsar S/524 millones, tras la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a un consorcio estatal chino, hasta que el Ministerio Público así lo considere.
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Explicó que, en la homologación del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa, se establece que la fiscalía debe informar al Ministerio de Justicia que ‘no exista investigación o proceso penal en curso’ antes de devolver el dinero.
El ministro confirmó que existe el requerimiento de parte de Odebrecht; sin embargo, reiteró que para que se le pueda dar curso, la fiscalía debe confirmar que la empresa no tiene procesos.
‘Hay inclusive un requerimiento planteado por la propia empresa a la unidad funcional del Ministerio de Justicia; sin embargo, la parte resolutiva de este mismo acuerdo establece que en tanto no tenga otro proceso aperturado en curso [se hará la devolución]. ¿Esa información quién la tiene que dar? El Ministerio Público’, detalló.
El último domingo un informe del programa ‘Punto final’ dio a conocer que el Estado Peruano le retuvo a la empresa brasileña US$319 millones, equivalentes a aproximadamente S/1.052 millones, de la venta de Chaglla.
De esta suma, S/435 millones fueron utilizados para que Odebrecht cancele la deuda que tenía con la Sunat; S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones de reparación civil fijado en el acuerdo de colaboración eficaz.
El restante, equivalente a S/524 millones, debe retornar a las cuentas de la empresa, según el compromiso firmado por el Ministerio Público y la Procuraduría.
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Moción de interpelación
El ministro de Justicia consideró que como funcionario público está sujeto a una posible interpelación, tal como lo anunció la congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) por la liberación y recaptura del sicario Rubén Moreno Olivo, alias ‘Goro’.
‘En lo que respecta a mi responsabilidad política funcional, somos funcionarios públicos. Ya estuve sujeto a una primera interpelación por la propia congresista Vilcatoma por el caso Odebrecht también. Si los normativos parlamentarios así lo permiten, estaremos presentes aquí’, dijo tras participar en la Comisión de Constitución.
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