A una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, el panorama político es cada vez más confuso. Mientras el chavismo se niega a publicar las actas que avalan su proclamado triunfo, la oposición volvió a las calles y exigió el respeto a los resultados del #28J.
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La represión, mientras tanto, se acrecienta en la calles, también los llamados operativos “tun tun” con allanamientos a opositores que son llevados a prisión por manifestar en las calles o publicar contenidos contra el régimen de Nicolás Maduro.
Este lunes 5 de agosto, la oposición dirigió su mensaje a las Fuerzas Armadas, que han jurado “lealtad” al chavismo. El texto firmado por María Corina Machado y el candidato Edmundo González además exigió el fin de la represión contra el pueblo.
“Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de los derechos humanos el alto mando se alinea con el régimen de Maduro y sus viles intereses mientras que ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar, por sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional , sus familiares y amigos cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio y ustedes conocen”.
Más adelante, la oposición reiteró su triunfo con la mayoría de los votos y dio una garantía a los uniformados una vez asuma el poder. “El nuevo gobierno de la República, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantía a quienes cumplan con su deber institucional. Asimismo destaca que no habrá impunidad. Este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos”.
Sin la debida defensa
La represión oficial sigue en las calles. Nicolás Maduro admitió que llevan 2,000 detenidos y prometió la habilitación de otros centros penitenciarios para recibir a los manifestantes, incluso menores de edad. Familiares se mantienen a las afueras de comisarías solo para llevar alimentos que son estrictamente revisados.
Según comentaron con temor, los detenidos no tienen derecho a la defensa privada y son trasladados entre varios centros de reclusión sin que los familiares puedan visitarlos.
