WASHINGTON (AP) — El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles bloquear las nuevas leyes del Distrito de Columbia contra la delincuencia y desautorizar al gobierno municipal, en un momento en que legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación por el aumento de los índices de delitos violentos en ciudades de todo el país.
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El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que promulgará la resolución republicana, la cual fue aprobada por el Senado con una votación de 81 a favor y 14 en contra después de haber sido aprobada por la Cámara de Representantes el mes pasado. Sería la primera vez en más de tres décadas que el Congreso anula las leyes de la capital mediante el proceso de desaprobación, y un cambio en la postura demócrata, defendida desde hace tiempo, de que el gobierno federal debe dejar que el Distrito de Columbia se gobierne a sí mismo.
Biden, que se dispone a anunciar su campaña por la reelección en los próximos meses, se ha visto sometido a una presión cada vez mayor en este asunto por parte de los republicanos, que han hecho de la reducción de la delincuencia una prioridad política. En Washington, D.C., los homicidios habían aumentado durante cuatro años seguidos antes de caer aproximadamente un 10% en 2022. Los 227 asesinatos registrados en 2021 fueron la mayor cantidad desde 2003.
“Somos la mayor superpotencia de la historia”, dijo el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, sobre Estados Unidos en el recinto de la cámara alta el miércoles por la mañana. “Esta es nuestra capital. Pero los políticos locales han dejado que sus calles se conviertan en un peligro y una vergüenza”.
Eleanor Holmes Norton, delegada del distrito sin derecho a voto en la Cámara de Representantes, se opuso a la iniciativa, hablando en una manifestación contra la intervención del gobierno federal en la capital antes de la votación.
“No hay excepciones y no hay término medio en el derecho del Distrito de Columbia al autogobierno”, declaró Norton.
La reforma al código penal de Washington, D.C. fue aprobada a finales del año pasado por el ayuntamiento tras años de intentos fallidos. Redefiniría los delitos, modificaría las políticas de justicia penal y reformularía la forma de imponer las sentencias luego de las declaraciones de culpabilidad. También eliminaría las penas mínimas obligatorias para muchos delitos y reduciría las penas máximas por robo con allanamiento de morada, robo de vehículos y robo con violencia.
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La alcaldesa Muriel Bowser vetó la reforma en enero, escribiendo en una carta que tenía “preocupaciones muy significativas” sobre algunas de las propuestas del proyecto de ley. Posteriormente sugirió cambios después de que el concejo municipal anulara su veto.
Los demócratas del Senado que apoyan la medida han citado el veto de Bowser, argumentando que necesita otra revisión.
“Lo que hemos escuchado de la alcaldesa del Distrito de Columbia es que aún falta trabajo por hacer”, dijo la senadora Debbie Stabenow.
El código penal de Washington D.C. fue redactado originalmente en 1901 y desde entonces ha sido actualizado parcialmente algunas veces. Contiene diversos detalles anacrónicos, como una referencia a los barcos de vapor y normas para el cuidado y la alimentación del ganado que es transportado por la ciudad.
Los cambios debían entrar en vigor en octubre de 2025. Pero para convertirse en ley, tenía que superar un periodo de revisión de 60 días durante el cual el Congreso y el presidente podían anularla, gracias a una ley de la década de 1970 llamada Ley de Autonomía. Aunque a lo largo de los años el Congreso ha impuesto diversos límites al Distrito de Columbia a través de proyectos de ley de gastos, el proceso formal de desaprobación no se ha utilizado desde 1991.
En su estado actual, los expertos en justicia penal afirman que el código penal de D.C. ha afectado desproporcionadamente a los afroestadounidenses, como ocurre en muchas otras ciudades de Estados Unidos.
En su defensa de las revisiones, el presidente del Concejo Municipal de Washington, Phil Mendelson, y otros concejales sostienen que la reducción de las penas por delitos como el robo de coches seguirían situando las sentencias máximas muy por encima de las penas elegidas por la gran mayoría de los jueces. Alegan que las penas máximas actuales han hecho poco por disuadir del aumento de la delincuencia en el Distrito de Columbia en los últimos años.
