ALMERÍA, 6 (EUROPA PRESS)
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José Ignacio Domínguez, abogado del colectivo que ha impulsado los procedimientos judiciales para exigir la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado en 2010, y el almacenamiento temporal de los residuos generados "sin necesidad de depender de EUUU", ha señalado que la situación de Palomares" se ha convertido en un "clásico" en "vísperas electorales" y ha aludido a que, en 2015, ya se suscribió una declaración de intenciones.
"Los sucesivos gobiernos recurren a esto cuando hay elecciones y no tienen la menor intención de limpiar Palomares como demuestra que no diesen instrucciones a la Abogacía del Estado para que se allanase en la demanda que presentó Ecologistas en Acción pidiendo la limpieza y, por el contrario, se opusiese", ha indicado en declaraciones a Europa Press.
Domínguez ha afirmado que "otra prueba" de que el Gobierno "no quiere limpiar" es el proceso de expropiación de las 44 fincas bajo vigilancia radiológica iniciado en 2021. "Si quisieran limpiar, seguirían con el mismo régimen actual de alquileres y ocupaciones temporales, porque, una vez que se rehabiliten los terrenos, estarían obligados a devolvérselos a sus propietarios al cesar la causa de la expropiación", ha precisado.
Al hilo de esto, ha cuestionado que el Gobierno cifre las labores de remediación de la zona en 640 millones de euros "cuando, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 2010, este era de 30 millones de euros".
"Han engrosado los costes para dificultar la limpieza", ha criticado al tiempo que ha tildado de "disculpa inventada" el que el Gobierno apunte como necesaria la construcción de una carretera desde Palomares hasta Cartagena (Murcia) para la salida de los residuos generados.
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Domínguez ha concluido que el anuncio del ejecutivo que preside Pedro Sánchez "es una maniobra electoral más" y ha remarcado que tendrá que ser "un tribunal, en concreto, Estrasburgo", el que "ordene la limpieza" de los 50.000 metros cúbicos de tierra con americio y plutonio.
Ecologistas en Acción presentó en febrero un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que decida sobre el "futuro" de la radiactividad en Palomares (Almería), declare la "urgencia" de afrontar la rehabilitación e indique qué organismo debe hacerlo, así como si procede construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para los 6.000 metros cúbicos que se obtengan de la rehabilitación.
En su recurso, solicita que reconozca vulnerado tanto el derecho a la tutela judicial efectiva, como el derecho a la salud, a un trato no degradante y al medio ambiente, y anule la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declaró que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tenía competencias para ejecutar el Plan de Rehabilitación, pero sin especificar a qué organismo le corresponde.
Ecologistas en Acción traslada la "especial trascendencia social" del asunto que plantea, "un caso único en la historia de España, del que afortunadamente no existe precedente y que aún está pendiente de solución" según remarca y expone que los "sucesivos gobiernos" han utilizado como "disculpa" la necesidad de disponer de un "almacén nuclear definitivo apto para guardar este material radiactivo de larga duración", pese a que "todos los cementerios radiactivos que hay en España son temporales".
Mientras, una nueva queja a la Comisión de Peticiones ha dado lugar a que el Parlamento Europeo haya pedido a la Comisión Europea (CE) una investigación "preliminar" para determinar si existen posibles puntos radiactivos fuera del vallado perimetral de seguridad. En 2019, otra queja dio lugar a una misión de verificación de Bruselas a la zona y a que, desde Europa, se siga "realizando un seguimiento" de la situación "con las autoridades españolas".
