WASHINGTON (AP) — El Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió el martes el proceso para que los fabricantes de microprocesadores reciban 39.000 millones de dólares para construir más fábricas y aumentar la producción. Todas las firmas solicitantes deberán demostrar cómo planean desarrollar la mano de obra local, y las que pidan más de 150 millones de dólares deberán además proveer atención infantil costeable y accesible a sus empleados. El dinero proviene de una ley firmada por el presidente Joe Biden en agosto del año pasado que facilita subvenciones, préstamos y garantías de préstamos con el objetivo de impulsar la producción de chips a nivel nacional. La idea es intensificar la ventaja tecnológica y manufacturera de Estados Unidos, y minimizar la posibilidad de interrupciones en las cadenas de suministros como las ocurridas en 2021 en medio de la pandemia, cuando la escasez de chips paralizó fábricas y alimentó la inflación. “Esta es fundamentalmente una iniciativa de seguridad nacional”, declaró la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, al dar inicio al proceso de licitación el martes. “No estamos dando cheques en blanco a toda compañía que pida”. El dinero debe ir a inversiones privadas para nuevas fábricas y puede ser revocado si alguna compañía lo usa para recompra de acciones. Importantes firmas como Intel, TSMC, IBM, Micron y Texas Instruments ya han lanzado ambiciosos programas de expansión basados en esos fondos, que ascenderán a 52.000 millones de dólares si se les suma el financiamiento para investigaciones. Raimondo indicó que aquella compañía que reciba fondos no podrá ampliar su capacidad de manufactura en países que presenten preocupaciones de seguridad nacional, en una aparente referencia a China. Tampoco podrán asociarse con empresas basadas en esos países para desarrollar tecnologías avanzadas. El Departamento de Comercio anunció que a partir del martes las empresas podrán entregar sus cartas de intención. Ese es el primer paso de un proceso que incluye un borrador de propuesta, una propuesta final y una evaluación oficial de la propuesta antes de poder recibir los fondos.
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