Las autoridades nucleares japonesas aprobaron polémicos cambios a las medidas de seguridad para permitir que anticuados reactores sigan operando, en una inusual decisión dividida donde cinco de los comisionados no estuvieron de acuerdo.
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La Autoridad de Regulación Nuclear, en respuesta a una nueva política oficial de cancelar el límite de 60 años para mantener funcionando a los reactores, adoptó el nuevo sistema según el cual, se podrán otorgar extensiones cada 10 años después de 30 de servicio. La agencia además adoptó una reforma a las regulaciones que deberá ser aprobada por el Parlamento y aunado a esto no se especifica un límite máximo.
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Es un cambio drástico respecto de la norma actual de 40 años con posible extensión de hasta 20, impuesta como parte de los estándares de seguridad más estrictos tras el desastre de la planta nuclear de Fukushima en 2011.
El gabinete del primer ministro Fumio Kishida, adoptó un plan el viernes pasado para maximizar el uso de la energía nuclear que incluye la aceleración del reencendido de reactores apagados, la prolongación de la vida operacional de plantas nucleares y el desarrollo de reactores de tecnología avanzada para reemplazar a los que se irán desactivando.
Esta medida llega en momentos en que Japón busca asegurarse fuentes estables de energía y cumplir con sus compromisos de alcanzar le neutralidad de emisiones para 2050.
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Uno de los comisionados de la agencia, Akira Ishiwatari, geólogo de la Universidad de Tohoku, se opuso a los cambios. “Estamos abiertos a las revisiones si los cambios claramente contribuirán a una mayor seguridad basados en razones científicas o técnicas. A mi parecer, estos cambios no sirven a ninguno de esos propósitos”, declaró Ishiwatari en la reunión de la comisión el lunes.
Otro comisionado, Tomoyuki Sugiyama, subdirector del centro de investigaciones de seguridad nuclear de la Agencia de Energía Atómica de Japón, opinó que la discusión estuvo “apresurada” por presiones gubernamentales y que la agencia reguladora debió actuar con más autonomía.
El presidente de la agencia, Shinsuke Yamanaka, negó que la entidad haya cedido a presiones del gobierno y dijo que piensa que el nuevo sistema de seguridad es adecuado.
