CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El obispo católico nicaragüense Rolando Álvarez, un crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, fue condenado el viernes a 26 años y cuatro meses de cárcel, un día después de que el líder religioso se rehusara a ser liberado y ser enviado a Estados Unidos junto con otros 222 opositores.
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En el mayor golpe reciente de la justicia nicaragüense contra la Iglesia católica, a la que Ortega ha acusado de apoyar a sus opositores, el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh impuso la sentencia por los delitos de conspiración, propagar noticias falsas, obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad. Como parte de la condena, también se le retiró la nacionalidad nicaragüense.
Álvarez fue detenido en agosto junto a otros sacerdotes y ciudadanos. Ortega dijo el jueves por la noche que Álvarez se negó a abordar el avión con destino a Washington sin antes consultarlo con otros obispos. Ortega lo consideró como “absurdo”.
El presidente dijo que Álvarez, que estaba hasta ese momento bajo arresto domiciliario, fue trasladado a la cárcel cercana de Modelo. Su sentencia estaba programa para la próxima semana.
Álvarez era una de las figuras religiosas más destacadas que aún permanecía en Nicaragua en un contexto de aumento de la represión de Ortega contra la oposición.
Consultada por The Associated Press, la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que el juez “agregó arbitrariamente y a última hora” nuevos delitos contra monseñor Álvarez que no estaban incluidos en la sentencia inicial, en referencia a los cargos por desacato y obstrucción.
El Cenidh reprobó vía Twitter “el odio y las descalificaciones con las que Daniel Ortega se refirió a monseñor Rolando Álvarez” la noche del jueves y advirtió que ello “representa un riesgo adicional” para él. “La integridad personal y la vida de monseñor están en peligro”, señaló.
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Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos en la Universidad de la Commonwealth de Virginia (en Estados Unidos), dijo que la sentencia impuesta a Álvarez “constituye la represión más severa contra la Iglesia católica en América Latina desde el asesinato del obispo guatemalteco Juan José Girardi en 1998”.
“Desde que se convirtieron en el partido en el poder en 1979, los sandisnitas han reprimido a la Iglesia católica como pocos regímenes más lo han hecho en América Latina”, declaró Chesnut.
“El papa Francisco se ha abstenido de censurar al presidente Ortega por temor a inflamar la situación, pero muchos consideran que ya es tiempo de que comience a pronunciarse proféticamente en defensa de la iglesia más perseguida en América Latina”, agregó.
La anterior reacción del Vaticano ocurrió en gosto, cuando el papa manifestó preocupación por la acción contra la residencia de Álvarez y se pronunció a favor del diálogo.
El Departamento de Estado norteamericano dijo que el secretario de Estado, Antony Blinken, conversó por teléfono el viernes con el canciller de nicaragua Denis Moncada sobre la liberación de los prisioneros y “la importancia de un diálogo constructivo” con Estados Unidos a fin de construir un futuro mejor para el pueblo nicaragüense. Al parecer, la conversación tuvo lugar antes de que se anunciara la sentencia contar Álvarez.
AP también solicitó una reacción sobre la condena al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, pero la petición no fue respondida de inmediato.
El exobispo de Managua exiliado en Miami, monseñor Silvio Báez, sí se pronunció y envió un mensaje en Twitter donde calificó de “irracional y desenfrenado el odio de la dictadura de Nicaragua contra Mons. Rolando Alvarez”, calificando de “vengativos” a quienes se "ensañan" contra él.
Las sanciones de Estados Unidos y las críticas públicas al presidente de Nicaragua se habían incrementado desde hacía meses, pero tanto funcionarios estadounidenses como nicaragüenses dicen que la decisión de poner a los 222 disidentes en un avión con rumbo a Washington fue repentina.
La aeronave recién había despegado el jueves cuando surgieron las primeras noticias sobre la sorpresiva liberación de figuras de la oposición, periodistas, activistas y sacerdotes, a quienes varios grupos consideraban presos políticos.
Gran parte de ellos ya habían sido sentenciados en los últimos dos años a largas penas de prisión, aunque ninguno a 26 años como Álvarez ahora. Tenían poco contacto entre ellos y menos aún con el mundo exterior.
Ortega, sin embargo, los considera “terroristas”. Según el mandatario, han sido financiados por gobiernos extranjeros y trabajaron para desestabilizar a su gobierno después de que estallaran enormes protestas callejeras en abril de 2018.
Ortega dijo que la vicepresidenta Rosario Murillo, que es su esposa, fue la que tuvo la idea de expulsar a los prisioneros.
“Me dice Rosario, ¿y por qué no le decimos al embajador que se lleven a todos estos terroristas?”, contó Ortega en un discurso que pronunció el jueves por la noche. En cuestión de días ya se había concretado.
“La cronología, nuevamente, fue muy corta”, dijo una funcionaria del departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato, sugiriendo que el proceso de la transferencia se realizó en tan sólo dos días. “Una vez que nos dimos cuenta de esto, pudimos entrar en acción y garantizar el transporte seguro de estas personas”.
Nicaragua tenía una lista de 228 prisioneros que quería sacarse de encima. Estados Unidos quitó a cuatro de ellos de la lista y luego dos más se negaron a subir al avión el jueves, dijeron funcionarios de ambos países.
Emily Mendrala, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado, enfatizó el viernes en una rueda de prensa telefónica que fue una decisión de Nicaragua.
“Puede ser que la presión de estas sanciones tuvieron un impacto, pero fue una decisión unilateral", dijo Mendrala en español. “No había ninguna negociación y Nicaragua no pidió nada".
Ortega lo había dicho la noche anterior. Lo enmarcó como una cuestión de principios y soberanía.
“No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio”, expresó. “Que se lleven sus mercenarios”.
Jared Genser, un abogado de derechos humanos que llevó los casos de los líderes opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, dijo el viernes que “los dictadores nunca liberan a los presos políticos porque quieren, los liberan cuando tienen que hacerlo, cuando liberarlos es la opción menos peor”.
Pudiera haber sido que la atención constante a la situación de los presos por parte de las organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y los gobiernos extranjeros los convirtió en una responsabilidad mayor que simplemente expulsarlos de Nicaragua.
“Esto parece ser una especie de válvula de escape porque ha habido mucha presión internacional, presión de la UE (Unión Europea), de Estados Unidos, de otros”, señaló Antonio Garrastazu, director regional para América Latina y el Caribe del International Republican Institute en Washington.
Es posible que Ortega haya querido sacarlos y evitar que “hagan más daño dentro de Nicaragua que fuera”, agregó Garrastazu.
Ortega aumentó su persecución de opositores políticos a principios de 2021, buscando despejar el campo antes de las elecciones presidenciales de noviembre de ese año. Las fuerzas de seguridad arrestaron a siete posibles candidatos presidenciales y Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo en elecciones que Estados Unidos y otros países consideraron fueron una farsa.
Jueces nicaragüenses sentenciaron a varios líderes de la oposición, incluidos ex altos funcionarios del gobernante movimiento sandinista y excandidatos presidenciales a penas de prisión por “conspiración para socavar la integridad nacional”.
Estados Unidos concedió a los presos liberados un permiso condicional humanitario por dos años. En ese tiempo podrán trabajar y pedir asilo en el país.
España, en tanto, les ofreció la nacionalidad española y dijo que podría sumar también a otros nicaragüenses que estén en la misma situación que los presos liberados.
El ministro de Relaciones Exteriores José Manuel Albares explicó que España hacía la oferta debido a la decisión de Nicaragua de despojar a los presos de su ciudadanía.
Cuando el avión aún estaba volando el jueves, el Congreso de Nicaragua votó para aprobar una propuesta de cambio constitucional que permitiría al gobierno quitarles la ciudadanía.
Maradiaga y Chamorro, ambos líderes opositores y potenciales contrincantes de Ortega en sus aspiraciones presidenciales, dijeron a la prensa el viernes que seguirán luchando por la democracia desde el exterior.
Maradiaga comparó la expulsión de Nicaragua con el imperio romano, cuando el destierro era una alternativa a la muerte. Dijo que esas medidas se tomaban cuando un dictador ya no podía tolerar a sus oponentes, pero reconocía que matarlos tendría consecuencias.
Chamorro, quien fue arrestado en 2021 y condenado a 13 años de prisión, dijo que “ni una sola generación en 200 años de vida independiente en Nicaragua no ha sufrido guerra, secuestro... exilio o asesinato y eso tiene que cambiar.”
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Los periodistas de The Associated Press, Gisela Salomon, en Miami; Ciaran Giles, en Madrid, España; Nicole Winfield, en Roma, y E. Eduardo Castillo en la Ciudad de México, contribuyeron a este despacho.
