MADRID, (EUROPA PRESS)
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Madrid ha sido la ciudad anfitriona de este evento, celebrado del 7 al 9 de febrero, organizado por Grupo Prestomedia, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y con Prensa Ibérica como medio anfitrión, así como el apoyo de la Comisión y el Parlamento Europeo, Iberia y Telefónica. También han colaborado la Universidad Rey Juan Carlos y Casa de América.
Durante el encuentro, celebrado con el lema '¿Cómo construir un nuevo modelo de comunicación sostenible?', se han debatido cuestiones como la infodemia, las 'fake news' o la infoxicación, en plena crisis económica derivada de la guerra en Ucrania, y la irrupción de la inteligencia artificial, con el objetivo de contribuir a la paz, a la democracia, a la transparencia y a la economía circular. El congreso ha contado con el testimonio de la editora de Ukrainska Pravda, Sevgil Musayeva, incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes en 2022.
En el encuentro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo entrega de los premios de esta edición que han reconocido a Rita Vásquez, directora del diario 'La Prensa' de Panamá; Claudia Benavente, directora de 'La Razón' de Bolivia; Fernando Quijano, director de 'La República' de Colombia; Ernesto Cortés, editor general de 'El Tiempo' de Colombia; y Pedro Araujo, editor ejecutivo del 'Jornal de Noticias' de Portugal, reconocidos con un grabado personalizado del pintor contemporáneo gallego José María Barreiro como homenaje a su trabajo y dedicación.
Por otro lado, en la declaración final (conocida como la 'Declaración de Madrid', a la que ha tenido acceso Europa Press), se argumenta que "la información es un derecho inalienable de todas las personas, un instrumento imprescindible para asegurar la democracia y, con ella, la libertad, la igualdad, la cultura, las ciencias, la convivencia pacífica y el desarrollo".
Según los editores, "resulta imprescindible en la denuncia de la violencia, de los poderes causantes de persecución ideológica, de las dictaduras en general, y de las mafias y el terrorismo en particular, así como las presiones de los actores de la economía que su poder condicionan contenidos periodísticos", entre otros aspectos.
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Por ello, solicitan "la protección de los periodistas en el ejercicio de su profesión para poder garantizar el derecho a la información responsable de las y los ciudadanos, lejos de los discursos de odio y discriminación".
A su juicio, en un mundo global, "se acentúa el valor del rol del periodista como el profesional más apto para canalizar la información, sometido a sus exigentes códigos deontológicos y al compromiso social con el bien común". "Entre tanto desafío y apasionantes cambios, el periodismo tiene que seguir jugando su esencial papel como referencia, como legatario de los valores fundamentales reflejados en la Declaración de los Derechos de los seres humanos", apostillan.
Además, consideran que "el informador ha de buscar la verdad con transparencia, legalidad, contrastar sus conclusiones". "Ha de ser respetuoso con lo acontecido, respetar la rectificación y las opiniones o referencias emanadas de cualquier entidad, administración o ciudadano", destacan.
"LIBRE EJERCICIO" DE LA COMUNICACIÓN
Por otro lado, también piden "el amparo de los poderes públicos para el libre ejercicio de la comunicación por parte de los profesionales" y reiteran "la necesidad de que se establezca una nueva normativa supranacional acorde con el marco de influencia global de los medios de comunicación --asegurando la convivencia de las normativas locales--, en la que se consideren los derechos legítimos y la libertad de cada cual en el ejercicio de la profesión periodística y en la defensa de su cultura".
Respecto al proyecto de 'Ley UE de Libertad de los Medios de Comunicación' (Media Freedom Act / MFA) propuesto por la Comisión Europea solicitan que sea examinado cuidadosa y exhaustivamente y, en caso necesario, revisado por los servicios jurídicos de las instituciones nacionales y de la UE para garantizar que las actividades de publicación en prensa digital e impresa, que están sujetas a las leyes generales a nivel nacional y a la autorregulación, sigan siendo competencia de los Estados miembros, al tiempo que rechaza cualquier "injerencia estatal en la relación entre el editor y el equipo editorial".
Asimismo, solicitan mejoras regulatorias en ciertos aspectos como la asignación transparente de la publicidad estatal y piden que las 'Very Lage Online Platforms' (VLOPs) respeten sus derechos fundamentales de publicación. En este sentido, reclaman que la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE reconozca "la debida protección" de sus derechos fundamentales y establezca el debido proceso sobre cómo las plataformas en línea tratan los contenidos lícitos bajo el control editorial y la responsabilidad legal del editor.
Por otro lado, piden a las empresas de comunicación acciones y una línea editorial clara, y defienden el apoyo a la viabilidad económica autónoma de la oferta periodística independiente y plural, entre otras cuestiones.
Asimismo, ven "esencial la explicación del rol y el uso de los medios de comunicación por parte de la sociedad" y recuerdan que "los periodistas tienen que hacer todos los esfuerzos posibles para explicar quiénes son y qué trabajo realizan".
En este sentido, exigen que se brinden "las garantías necesarias a los periodistas y medios de comunicación para evitar el acoso judicial", entre otras cuestiones, y argumentan que los periodistas "han de contribuir eficaz y decisivamente a dignificar a la profesión con un ejercicio responsable".
