CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mantuvo durante dos décadas una red de corrupción y lavado de dinero que incluyó un conglomerado familiar de 40 empresas que obtuvieron recursos públicos por 745 millones de dólares que terminaron en Estados Unidos y se utilizaron para adquirir numerosos inmuebles y lujosos vehículos, anunció el jueves el gobierno mexicano.
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Así lo informó Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que depende de la Secretaría de Hacienda, al presentar parte de las pruebas que integran la demanda que introdujo en septiembre del 2021 el gobierno de México ante una Corte de la Florida para recuperar activos del exfuncionario que desde el mes pasado enfrenta un juicio en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios para proteger al Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia presidencial matutina, Gómez afirmó que García Luna “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y sus socios cercanos” a través de una treintena de contratos con órganos de seguridad pública por los que obtuvo recursos por 745.87 millones de dólares que se enviaron a Estados Unidos a través de paraísos fiscales, principalmente en Barbados.
La mayor parte de las operaciones ilegales de García Luna las habría realizado cuando estuvo al frente la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que ocupó entre 2006 y el 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.
En su exposición, el jefe de la UIF presentó algunos de los bienes presuntamente adquiridos por el exfuncionario a través de la red de corrupción que incluyeron decenas de vehículos de lujo, entre ellos un Rolls-Royce, un Lamborghini y un Ferrari.
La UIF logró congelar cuentas de García Luna por 29 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares) y unas 10 empresas ligadas al exfuncionario, precisó Gómez.
El titular de la UIF denunció que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó un amparo para desbloquear los bienes a Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional y brazo derecho de García Luna, quien fue arrestado en julio del 2021 a las afueras de la capital mexicana. Cárdenas Palomino enfrenta cargos por tortura a integrantes de una banda de secuestradores.
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En septiembre del 2021, la UIF interpuso una demanda en Miami contra 39 empresas y fideicomisos en los que participaba García Luna y sus allegados.
Además, a esta demanda, García Luna tiene pendiente en México tres procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, el ingreso ilegal de miles de armas que dieron a través del fallido operativo federal estadounidense conocido como “Rápido y Furioso”, y por unos contratos que hizo el gobierno de Calderón con empresas privadas para construir y prestar servicios a reclusorios federales.
García Luna fue acusado en Estados Unidos de aceptar millones de dólares para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense, acusaciones que han sido respaldadas por varios testigos en las dos semanas de juicio.
El proceso ha generado gran expectativa en México por las informaciones que podrían salir a la luz pública y comprometer altos funcionarios mexicanos, entre ellos a Calderón, ya que muchos consideran muy difícil que García Luna pudiera tener ese nivel de colaboración con el cártel de Sinaloa sin que el expresidente tuviera conocimiento de ello.
En medio de la polvareda desatada por el juicio a García Luna, las fuerzas militares mexicanas dieron el jueves un nuevo revés al Cartel de Sinaloa, al arrestar en la localidad noroccidental de Culiacán a José Guadalupe Tapia Quintero, alias “Lupe Tapia”, miembro de esa organización criminal, confirmó a The Associated Press un agente federal que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a dar esa información.
Tapia Quintero es señalado de ser un operador de Ismael “El Mayo” Zambada, líder de una facción del cártel de Sinaloa.
La detención de Tapia Quintero se da tres semanas después de la captura en el estado noroccidental de Durango de Gerardo Soberanes, operador financiero del grupo delictivo Cabrera Sarabia vinculado al cártel de Sinaloa, y a un mes del arresto también en Culiacán de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del ex capo Joaquín “El Chapo” Guzmán e integrante de una facción de la organización criminal.
