MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
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La proposición de ley fue presentada el pasado mes de diciembre y sólo estaba pendiente de que el Gobierno diera su conformidad, dado que el Ejecutivo tiene capacidad de veto sobre aquellas iniciativas legislativas que considere que alteren su política presupuestaria, ya fuera por exceso de gasto o por merma de ingresos.
El Gobierno dispone de 30 días para dar su visto bueno, pero puede no agotarlo. De hecho, en el caso de la reforma penal del PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición y otros cambios, ese plácet del Gobierno llegó al día siguiente de la Mesa del Congreso le remitiera el texto.
AGOTARÁN EL PLAZO Y POSPONDRÁN SU PERMISO HASTA MARZO
En la Junta de Portavoces de este martes, el PP pidió al Gobierno que adelantara la conformidad a su iniciativa para poder incluirla en el Pleno de la próxima semana, el primero del nuevo periodo ordinario de sesiones. Pero según reveló después la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, el secretario de estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ya adelantó que Moncloa iba a agotar el plazo, que acaba en marzo.
Fuentes parlamentarias aseguran a Europa Press que Gamarra envió después una carta al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, pidiéndole de nuevo que adelantaran su conformidad, pero ese escrito no ha llegado y el PP ya debía comunicar a la Mesa qué iniciativa defenderán el martes y ha tenido que escoger otra.
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Desde el PP calculaban que, si su reforma echase a andar el próximo martes, "en menos de un mes podría estar en el BOE", aunque el PSOE introdujera los cambios que considerase oportunos. Al no dar su consentimiento, su primer debate ya no se espera hasta el mes de marzo.
La apuesta del PSOE sigue siendo registrar su propia reforma, a ser posible pactada con Unidas Podemos, y luego tramitarla por el procedimiento de urgencia en las Cortes. De momento, el primer debate tendrá que esperar porque los socialistas, a diferencia del PP, no tienen cupo para defender iniciativas hasta al menos el 14 de febrero.