MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
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En una entrevista concedida a Telecinco, Montero ha señalado su principal objetivo proteger el consentimiento como centro de la ley y "no volver al modelo anterior basado en la violencia e intimidación" que lleva a las mujeres al "calvario probatorio de tener que probar con las heridas en el cuerpo si se resistieron lo suficiente".
A su juicio, la postura del PSOE en este sentido es consecuencia de la "presión" que sufre por la "ofensiva contra la ley" que, a su juicio, está ejerciendo "la derecha judicial, política y mediática". Aun así, ha insistido en que no contempla "otro escenario que no sea el acuerdo" con los socialistas en esta materia y ha asegurado que no quiere penar en que el principal partido de Gobierno se vaya a aliar con el PP en este tema.
CRÍTICAS DURAS SIN PROPUESTAS
Sobre las críticas de otros representantes políticos y partidos de la izquierda, la ministra no ha querido hablar, aunque ha criticado la "dureza" de algunas de ellas y la "falta de propuestas" de estas mismas personas. En este sentido, ha recordado que los únicos que han presentado una alternativa son los 'populares', con una proposición de ley, que busca regresar al Código Penal antiguo.
La titular de Igualdad, que en su intervención ha reconocido ser consciente del "dolor y la consternación" que están suponiendo las rebajas de penas a violadores, ha señalado que lo que se está viviendo con la Ley del 'solo sí es sí' también ocurrió con la Ley de Violencia de Género aprobada en 2004. Según ha explicado, cuando entró en vigor aumentó en un 158% el número de sobreseimientos y 187 jueces presentaron cuestiones de inconstitucionalidad a la norma "dejando durante años a las víctimas sin respuesta".
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"Desgraciadamente, siempre, cuando ha habido un cambio penal profundo que protege a las mujeres hay resistencia por parte un sector de la justicia", ha declarado, para indicar que hay "una mayoría" de jueces que "sí están aplicando de forma correcta" el texto y no están rebajando las penas, mientras que quienes la rebajan "son una minoría". "Hay un problema de aplicación, no de la ley, igual que ocurrió desgraciadamente con la Ley de Violencia de Género", ha declarado.
"HAY RESISTENCIA A CREER A LAS VÍCTIMAS"
Montero niega, además, que haya tachado de 'fachas' o 'machistas' a los jueces y asegura que habló de "sesgo machista en la Justicia" y que no lo dice ella, sino la organización CEDAW de la ONU. Aún así, ha señalado que en España "hay resistencia a creer a las víctimas" y también hay "resistencia" a los avances en normas feministas desde sectores que, según ha apuntado, son los que "ven jolgorio" en la agresión sexual de 'La Manada'.
Sobre si fue advertida de las posibles rebajas de penas en el Consejo de Ministros, como ha asegurado la exvicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, Montero ha explicado que, junto con Justicia, se analizaron "centenares de casos" y se ocuparon de "hacer un Código Penal que evitase las rebajas de condenas". Según ha explicado, en el primer borrador que llevaron al Consejo de Ministros se bajaban las penas máximas y, tras la alerta del CGPJ se dejaron como estaban en el Código Penal anterior".
Esta decisión, según ha relatado la ministra, llevó el Consejo de Estado a advertir de que sería una ley "cercana al punitivismo" y "muy dura". También la fiscal de Sala de Violencia contra la mujer, Teresa Peramato, según ha indicado Montero, ha señalado que "este Código Penal es mas duro que el anterior".
"SOY FIRME"
Finalmente, y preguntada por su fama de mujer "obcecada", Montero ha reconocido que tiene "firmeza" para defender las cosas en las que cree y que suponen un avance en los derechos feministas, como lo ha hecho con las leyes trans o del aborto, además de la Ley del 'solo sí es sí'.
Y, al respecto, ha defendido que "estos meses" en los que se han conocido las rebajas de penas ha "trabajado sin descanso" con el PSOE y "con más o menos nivel de acuerdo" para reformar o modificar la norma. Según ha explicado, Igualdad ha presentado "hasta cinco propuestas", además del Plan de acción que hizo público para una mayor protección de las víctimas de delitos de agresión.
