BRUSELAS, 31 (EUROPA PRESS)
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El informe que los auditores han presentado este martes constata que la UE ha hecho pocos avances en su objetivo de conectar los mercados de la electricidad y garantizar así el acceso a energía barata para empresas y ciudadanos, a pesar de sus ambiciosas proyecciones y sus esfuerzos, por lo que el riesgo sobre el mercado de la electricidad de la UE repercute ahora principalmente en el consumidor final.
Los auditores de la UE recuerdan que fue en 1996 cuando la UE emprendió un proyecto complejo para integrar plenamente los mercados nacionales de la electricidad con el objetivo de ofrecer los precios más baratos posibles a los consumidores y aumentar la seguridad del suministro energético de la UE.
Sin embargo, casi diez años después de la fecha prevista para finalizar el proyecto, 2014, el mercado sigue regulado en la práctica por 27 marcos reglamentarios nacionales, con precios que difieren entre Estados miembro y tarifas aún fuertemente influidas por impuestos nacionales, en lugar de esta abiertas a la competencia.
"Los mercados de la electricidad en Europa podrían estar mucho más integrados, a pesar de la ambición necesaria y celebrada de la UE", según ha afirmado el miembro del tribunal que ha dirigido la auditoría, Mihails Kozlovs, quien ha advertido de que la crisis energética y el elevado coste de la vida hacen "aún más acuciante que la UE finalice su mercado interior de la electricidad".
Los auditores atribuyen los retrasos a que la Comisión eligió las directrices de red que debían aplicarse mediante condiciones o metodologías, lo que transfirió la responsabilidad de la aplicación a las autoridades nacionales competentes y a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE (ACER).
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Esto complicó y retrasó la armonización de las normas comerciales transfronterizas, mientras que la Comisión no analizó suficientemente las repercusiones de su diseño del mercado y sus decisiones de gobernanza, como destacan los auditores en su evaluación de impacto.
No obstante, los auditores constataron que la supervisión y los informes de la agencia resultaron deficientes, en particular debido a unos datos insuficientes, unos recursos escasos y una coordinación pobre con Bruselas.
