BOA VISTA, Brasil (AP) — Desnutrición severa y enfermedades, en especial la malaria, están diezmando a la población de la etnia yanomami en la selva amazónica de Brasil, y el 20 de enero el gobierno federal declaró una emergencia de salud pública. Aunque muchos en el país se preguntan cómo es que las calamidades se materializaron aparentemente de la noche a la mañana, no fue una sorpresa para aquellos que están al tanto de las circunstancias en las que viven los yanomami, quienes han advertido de su situación durante varios años.
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La AP explica cómo es que los yanomami llegaron a este punto trágico.
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¿QUIÉNES SON LOS YANOMAMI?
Aproximadamente 30.000 yanomami viven en el territorio indígena más grande de Brasil, el cual abarca una superficie similar a la de Portugal y se extiende por los estados de Roraima y Amazonas, en el extremo noroccidental de la Amazonía brasileña. También hay algunos en el sur de Venezuela. Consiguen sus propios alimentos mediante la cacería, la recolección, la pesca y de algunos cultivos en amplios jardines creados en medio de la selva. Cada pocos años, los yanomami se trasladan de un lugar a otro, permitiendo que el suelo se regenere.
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¿QUÉ ESTÁ PROVOCANDO LA CRISIS?
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Los mineros de oro ilegales aparecieron por primera vez en el territorio yanomami en la década de 1980, pero luego fueron expulsados en su mayor parte. Han reaparecido en gran número en los últimos años, atraídos por los elevados precios del oro y alentados por el expresidente Jair Bolsonaro. Su número alcanzó los 20.000 durante el gobierno de Bolsonaro, según cálculos de grupos ambientalistas y defensores de los derechos de los indígenas.
Estos mineros o garimpeiros, término con el que se les conoce en Brasil, destruyen el hábitat de los animales que los yanomami cazan, y ocupan tierras fértiles que la etnia usa para la agricultura. Además procesan el mineral con mercurio, el cual envenena los ríos de los que los yanomami dependen para la pesca. La minería crea piletas de agua estancada en donde se reproducen mosquitos que transmiten enfermedades. Y los mineros que se reubican para explotar nuevas zonas propagan enfermedades entre los nativos, que tienen una inmunidad baja debido a su contacto limitado con otras personas.
“Los impactos se acumulan”, dijo Estêvão Senra, geógrafo e investigador del Instituto Socioambiental, una organización sin fines de lucro dedicada al medio ambiente y a los derechos de los indígenas. “Si (los yanomami) enferman, pierden el momento adecuado para abrir una nueva zona de agricultura, lo que pone en riesgo su futuro”.
Una serie de investigaciones de The Associated Press el año pasado detalló cómo la magnitud de la exploración minera en tierras indígenas se disparó en los últimos años, cómo el oro extraído de manera ilegal se filtra en las cadenas de suministro global, y cómo la minería azuza divisiones dentro de los territorios indígenas.
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¿FUE UN DESASTRE REPENTINO?
No. Ha aumentado vertiginosamente a lo largo de varios años. Ocho de cada 10 niños de 5 años o menos sufrían desnutrición crónica en 2020, según un estudio realizado por la UNICEF y el instituto Fiocruz de investigación sanitaria —perteneciente al Estado brasileño— en dos regiones de los yanomami. En dos años hubo 44.069 casos de malaria, lo que significa que toda la población estuvo infectada, en algunos casos en más de una ocasión, informó la fiscalía pública del estado de Roraima en 2021, citando datos del sistema nacional de Brasil para la notificación de enfermedades, que abarca todo el país.
Enfermedades curables como la influenza, la neumonía, la anemia y la diarrea se convierten en una amenaza que pone en riesgo la vida. Al menos 570 niños yanomami murieron de enfermedades no atendidas durante el gobierno de Bolsonaro, de 2019 a 2022, según datos del Ministerio de Salud recabados por el portal noticioso local Sumauma. La cifra representó un incremento del 29% respecto a los cuatro años anteriores.
Hubo una mayor necesidad de atención médica, pero los servicios para los pueblos indígenas se deterioraron durante el gobierno de Bolsonaro, según Adriana Athila, una antropóloga que ha estudiado los servicios de salud pública para los yanomami, los cuales son proporcionados por uno de los distritos especiales creados para las necesidades de las comunidades indígenas. También ha habido reportes de garimpeiros que se apoderan de instalaciones de salud y pistas de aterrizaje en territorio yanomami para su propio beneficio. Los gobernantes locales han advertido de la situación durante años.
“Los mineros están destruyendo nuestros ríos, nuestra selva y a nuestros hijos. Nuestro aire ya no es puro, nuestra caza está desapareciendo y nuestro pueblo está pidiendo a gritos agua limpia”, denunció Júnior Hekurari Yanomami, presidente del consejo local de salud yanomami, en una publicación en Twitter en marzo pasado. “Queremos vivir, queremos recuperar nuestra paz y nuestro territorio”.
La reciente oleada de mineros exacerbó considerablemente las perturbaciones a la vida tradicional de los yanomami ocurridas durante las últimas dos décadas. Éstas fueron consecuencia de la introducción de programas sociales de bienestar que obligaban a la gente a realizar viajes de varias semanas para cobrar sus beneficios en las ciudades, en donde suelen permanecer por amplios periodos en condiciones sórdidas, así como por la creación de instituciones no indígenas —tales como bases militares, puestos de servicios médicos y misiones religiosas_, los cuales transformaron algunos poblados temporales en asentamientos permanentes, agotando la cacería y los recursos del suelo.
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¿CUÁL FUE EL PAPEL DE BOLSONARO?
Cuando era un joven legislador en la década de 1990, Bolsonaro se opuso firmemente a la creación del territorio yanomami. Más recientemente, promovió abiertamente la minería en tierras indígenas y la integración de los pueblos nativos a la sociedad moderna. Ambientalistas, activistas y la gran mayoría de los grupos indígenas criticaron sus intenciones y advirtieron de efectos devastadores. Bolsonaro presionó al Congreso para que llevara a cabo una votación de emergencia sobre una iniciativa que sus ministerios de Minería y Justicia redactaron y presentaron en 2020, con la que se pretendía regular la minería en territorios indígenas, pero los legisladores objetaron. Incluso las grandes compañías mineras rechazaron la propuesta.
Sin embargo, eso no detuvo a los mineros ilegales de oro, “porque sabían que el gobierno se haría de la vista gorda”, comentó Senra.
Hekurari también acusó el sábado al gobierno de Bolsonaro de ignorar alrededor de 50 cartas en las que se le solicitó ayuda. Esa es parte de la razón por la que algunos, entre ellos el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, han acusado a Bolsonaro de genocidio.
En su canal de Telegram, Bolsonaro declaró el domingo que esos señalamientos son “otra farsa de la izquierda”, y dijo que la atención médica para indígenas fue una de las prioridades de su gobierno, haciendo mención de la implementación de un protocolo sanitario para el ingreso a sus territorios durante la pandemia de COVID-19. Dijo que durante su gobierno el Ministerio de Salud brindó más de 53 millones de servicios de atención básica a indígenas.
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¿CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA DE LULA?
Después de derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre, Lula asumió el poder el 1 de enero. El cambio creó una expectativa de que finalmente se le daría atención a la creciente crisis, dijo Senra, dado el agudo contraste que Lula había esbozado durante su campaña en las políticas en torno a la Amazonía con respecto a las de Bolsonaro. De hecho, Lula envió a un equipo al territorio yanomami la semana pasada, y el sábado viajo a Boa Vista, la capital del estado de Roraima, a donde muchos yanomami han sido trasladados para que reciban tratamiento.
Después de que Lula declaró una emergencia médica, el ejército comenzó a trasladar por vía aérea paquetes de alimentos hacia territorio yanomami e instaló un hospital de campo en Boa Vista, y el Ministerio de Salud publicó una convocatoria a nivel nacional de personal médico voluntario.
Marcos Pelligrini, exmédico dentro del territorio yanomami y profesor de salud colectiva en la Universidad Federal de Roraima en Boa Vista, dijo que sintió alivio al ver los helicópteros del ejército que transportaban alimentos.
“Es un momento de esperanza”, comentó.
Pero aún falta que la Policía Federal y la agencia reguladora ambiental Ibama —con la ayuda del Ministerio de Defensa— retiren a los garimpeiros de la región, dijo la ministra para los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, al periódico Estado de S. Paulo.
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Hughes reportó desde Río de Janeiro. El periodista de la AP Fabiano Maisonnave contribuyó a este despacho.
