WASHINGTON (AP) — Cuando menos tres presidentes. Un vicepresidente, una secretaria de Estado, un procurador general. El mal manejo de documentos secretos en Estados Unidos no es un problema exclusivo del presidente Joe Biden ni del expresidente Donald Trump.
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El asunto de los documentos con sello de confidencialidad y quién, exactamente, se ha aferrado a ellos se tornó más complicado el martes luego de que surgió la noticia de que el exvicepresidente Mike Pence también tenía ese tipo de documentos en su poder después de que dejó el cargo. Al igual que Biden, Pence los entregó voluntariamente a las autoridades luego de que fueron hallados durante una búsqueda que solicitó, según su abogado y asesores.
Las revelaciones han puesto el tema del manejo adecuado de los documentos —que de otra forma sería un proceso de bajo perfil de Washington— en el centro del discurso político, y han dejado al descubierto una verdad incómoda: Las políticas destinadas a controlar el manejo de los secretos de la nación son aplicadas de manera descuidada entre los altos funcionarios y dependen casi por completo de la buena fe.
Ha sido un problema intermitente durante décadas, desde los presidentes hasta los miembros del gabinete y el personal a lo largo de diversos gobiernos, una situación que se remonta hasta el expresidente Jimmy Carter. El asunto ha cobrado mayor importancia desde que Trump retuvo deliberadamente material con sello de confidencialidad en su mansión de Florida, lo que derivó en la incautación sin precedentes de miles de páginas de documentos por parte del FBI el año pasado.
Resulta que exfuncionarios de todos los niveles del gobierno descubren que tienen en su poder material secreto y lo entregan a las autoridades cuando menos varias veces al año, según una persona al tanto del asunto que habló a condición de guardar el anonimato debido a la naturaleza delicada de los documentos con sello de confidencialidad.
Funcionarios actuales y anteriores involucrados en el manejo de información secreta dicen que, si bien existen políticas claras sobre cómo se debería revisar y almacenar dicha información, en ocasiones esas políticas son dejadas de lado en los niveles más altos. Equipos de funcionarios de seguridad nacional, secretarios y ayudantes militares que comparten la responsabilidad de mantener informados a los ejecutivos de alto nivel —y los propios ejecutivos— pueden alterar las reglas por conveniencia, rapidez o, a veces, por descuido.
Es un contraste con la forma más rígida en la que se siguen los procedimientos en la comunidad de inteligencia en general, donde el mal manejo de la información puede ser motivo de despido, revocación de la autorización de seguridad o incluso enjuiciamiento.
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“Los ejecutivos van y vienen a su casa con documentos y los leen. Los leen por la noche, los traen de regreso”, dijo el senador demócrata Tim Kaine. Comparó ese patrón de los altos funcionarios con el de los senadores, a quienes se les exige que retengan los materiales con sello de confidencialidad en habitaciones seguras del Capitolio.
“Puedo entender cómo sucede esto”, agregó. “Pero de nuevo, cada situación es diferente. Todos son muy importantes. Así que, ¿cuántos? ¿Qué tan importantes? ¿Cómo los conseguiste? ¿Quién tuvo acceso a ellos? ¿Estás cooperando? Y el mismo conjunto de preguntas debe responderse con respecto a Pence y al presidente Biden y al presidente Trump”.
En cuanto al poder judicial, una ley federal distinta, la Ley de Procedimientos de Información Secreta, rige el manejo del material que se presenta ante los jueces en procesos penales y juicios civiles. Otra ley se ocupa de las investigaciones de inteligencia extranjera que se presentan ante un tribunal especial que opera en secreto. Ambas leyes tienen el propósito de impedir que se dé a conocer información clasificada.
Si bien Trump tenía la intención de quedarse con los documentos —argumentó, en aparente desprecio por la Ley de Registros Presidenciales, que eran de su propiedad personal—, difícilmente es el primer mandatario en manejar mal la información secreta.
Carter encontró materiales con sello de confidencialidad en su casa en Plains, Georgia, en al menos una ocasión, y los devolvió a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés), según la misma persona que habló de incidentes regulares de documentos mal manejados. No proporcionó detalles sobre el momento del hallazgo.
Un asistente del Centro Carter no dio detalles cuando se le preguntó acerca de ese reporte de que Carter descubrió documentos en su casa después de dejar el cargo en 1981. Es de destacar que Carter promulgó la Ley de Registros Presidenciales en 1978, pero ésta no se aplicó a los documentos de su gobierno, y sólo entró en vigencia años más tarde, cuando Ronald Reagan fue investido. Antes de Reagan, en general los documentos presidenciales se consideraban propiedad privada del presidente a nivel personal. No obstante, Carter invitó a archivistas federales a que ayudaran a su Casa Blanca a organizar sus documentos en preparación para su depósito final en su biblioteca presidencial en Georgia.
Los Archivos Nacionales declinaron comentar cuando se les pidió que proporcionaran una lista de las veces que exfuncionarios entregaron documentos secretos a la agencia.
Por otra parte, otros exfuncionarios estadounidenses de alto nivel han insistido en que ellos siempre han manejado adecuadamente los materiales clasificados. Un portavoz del exvicepresidente Dick Cheney dijo que no se fue del cargo con materiales con sello de confidencialidad y que desde entonces no se ha descubierto ninguno en su poder. Freddy Ford, vocero del expresidente George W. Bush, declaró a The Associated Press que “todos los documentos presidenciales —secretos y no secretos— fueron entregados a los NARA al salir de la Casa Blanca”.
Un portavoz del presidente Barack Obama no hizo comentarios, pero se refirió a una declaración de los Archivos Nacionales en 2002 de que la agencia tomó el control de todos los documentos de Obama después de que dejó el cargo y “no estaba al tanto de cajas faltantes de documentos presidenciales del gobierno de Obama”. La oficina del expresidente Bill Clinton dijo: “Todos los materiales secretos del presidente Clinton se entregaron correctamente a la NARA, de acuerdo con la Ley de Registros Presidenciales”.
Los días de cierre de cualquier presidencia son caóticos: En ellos, los asistentes revisan los materiales de sus jefes acumulados durante años para determinar qué se debe entregar a los archivos y qué podría retenerse. Diferentes equipos de personas son responsables de despejar distintas oficinas, y mantener estándares uniformes puede resultar un reto, dijeron los funcionarios.
En el caso de Pence, el material encontrado en las cajas provino principalmente de su residencia oficial en el Observatorio Naval, donde asistentes militares se encargaron del embalaje en lugar de abogados del personal. Otro material provino de un cajón de una oficina del Ala Oeste, según un asistente de Pence que habló a condición de guardar el anonimato debido a la naturaleza delicada del descubrimiento. Las cajas estaban cerradas con cinta adhesiva y no se cree que hayan sido abiertas desde que fueron empacadas, dijo la persona.
Ha habido también acusaciones de documentos mal manejados mientras los funcionarios aún estaban en el cargo. El exprocurador general Alberto Gonzales se llevó a casa documentos sumamente delicados relacionados con el programa de la Agencia de Seguridad Nacional para la vigilancia de terroristas y el programa de interrogatorio de terroristas detenidos, a fines de la década de 2000. Hillary Clinton fue investigada por mal manejo de información secreta a través de un servidor de correo electrónico privado que utilizó cuando era secretaria de Estado.
Pero los funcionarios rara vez son castigados por estos errores. Esto se debe en gran parte a que, si bien la ley federal no permite que nadie almacene documentos con sello de confidencialidad en un lugar no autorizado, sólo es un delito que se persigue cuando se descubre que alguien “a sabiendas” sacó los documentos de un lugar adecuado.
Los documentos mal manejados a menudo se devuelven con poco alboroto o cobertura de noticias a nivel nacional. Y no hay una única razón por la cual son mal manejados, pues el proceso de gestión de documentos presidenciales se desarrolla en medio de un caos al final de un mandato presidencial y está basado principalmente en un acuerdo de buena fe entre los archivos y el gobierno saliente.
“Históricamente, los Archivos Nacionales han trabajado bajo un sistema de honorabilidad con cualquier gobierno”, dijo Tim Naftali, el primer director de la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon. “Trabajan para el presidente y el vicepresidente y tienen alianzas con todos estos expresidentes y exvicepresidentes”.
La oficina del abogado de la Casa Blanca declinó comentar el martes en torno a si Biden ordenaría una revisión de cómo se manejan los documentos con sello de confidencialidad en todo el gobierno en respuesta a los últimos descubrimientos.
El poder de cambiar o enmendar la forma en que se manejan los documentos secretos recae en gran medida en el presidente. No es probable que Biden, que actualmente está siendo investigado, instigue una revisión u ordene algún cambio en el procedimiento porque podría ser considerado un movimiento político destinado a mejorar sus propias circunstancias.
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Los periodistas de The Associated Press Bill Barrow, Mark Sherman, Kevin Freking y Eric Tucker contribuyeron a este reportaje.
