LIMA (AP) — Una ministra de la presidenta peruana Dina Boluarte renunció el miércoles en medio de protestas en las que piden la dimisión de la mandataria y de los miembros del Parlamento, mientras Naciones Unidas pidió a la policía respetar los derechos humanos de los manifestantes.
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La ministra de la Producción, Sandra Belaunde, presentó su carta de renuncia, confirmó la oficina del primer ministro Alberto Otárola a The Associated Press. Otárola agradeció el “compromiso y profesionalismo desempeñado”. No se informaron las causas de su alejamiento.
Belaunde se convirtió en la cuarta ministra en renunciar desde el inicio del gobierno de Boluarte el 7 de diciembre. Los otros tres ministros -de Educación, Cultura y Trabajo- dimitieron por desacuerdos en la forma en que el gobierno ha enfrentado las protestas.
Más tarde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, pidió respetar los derechos humanos en Perú, especialmente por parte de organismos encargados de hacer cumplir la ley como la policía. En rueda de prensa desde Bogotá, Türk agregó que fortalecerán su presencia en Perú para contribuir de forma “significativa en este periodo tan difícil”.
Las manifestaciones en Lima intentaron el miércoles llegar al Parlamento, la institución más desacreditada del país, pero fueron frenados por la policía con bombas lacrimógenas. En la mañana cientos de protestantes llegaron a los exteriores de la embajada de Estados Unidos en Lima y exigieron un pronunciamiento “rechazando" el indiscriminado uso de la fuerza del gobierno de Boluarte.
La Organización de Estados Americanos, en tanto, escuchó en una sesión protocolar a Boluarte, una semana después de que uno de los enviados especiales a Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera una investigación de las balas que han matado a manifestantes, para determinar quiénes las dispararon.
La mandataria agradeció a la OEA el envío de observadores y dijo que se están investigando los hechos de violencia para que los responsables sean llevados a la justicia. No aludió, sin embargo, a ninguna investigación balística ni ofreció detalles de las pesquisas.
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A través de una conexión virtual desde Lima con una reunión protocolar del Consejo Permanente de la organización en Washington, Boluarte enfatizó que Perú necesita elecciones lo antes posible para poder salir de la crisis. Boluarte instó a los países de la región a que acompañen esta salida democrática y dijo que no se rendirá ante grupos autoritarios que promueven la desestabilización.
“La crisis política por la que atraviesa el Perú puede transitar por el derrotero de la violencia, la muerte y la destrucción, o puede resolverse en paz, en diálogo y en democracia”, expresó la mandataria en una sesión de unos 30 minutos. “No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática”, dijo la mandataria.
Recordó que pidió al Congreso la aprobación de elecciones anticipadas. Boluarte ha dicho que se quedará hasta la fecha que acuerden los legisladores, quienes necesitan ratificar el pedido aprobado en primera votación en diciembre para que las elecciones generales sean en abril de 2024.
La presidenta agradeció la solidaridad y preocupación por la violencia expresada por sus colegas en la cumbre de la Celac, pero también preguntó qué es lo que algunos de ellos están planteando como solución. “¿La salida de la violencia o la salida de la paz y la democracia?”, insistió.
La sesión fue convocada a pedido de la mandataria y no hubo oportunidad para preguntas.
Las manifestaciones se expandieron en Lima en la última semana luego de que por más de un mes explotaran en los Andes dejando más de medio centenar de víctimas, casi todos civiles.
Boluarte pidió la víspera una tregua a los manifestantes para entablar mesas de diálogo y "poder fijar la agenda por cada región y desarrollar a los pueblos”. Pero la respuesta de la calle fue una nueva jornada de movilizaciones en Lima que registró choques entre manifestantes y policías.
En contraste con la preocupación internacional por el exceso de fuerza en la respuesta de los uniformados a las manifestaciones, la mandataria defendió el trabajo “inmaculado” de la policía. También acusó a narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas de impulsar las protestas.
Las 56 muertes en menos de dos meses de gobierno de Boluarte, reportadas por la Defensoría del Pueblo hasta el martes, han enardecido a los manifestantes -principalmente campesinos de los Andes pero también universitarios y migrantes de la región andina-.
Las protestas comenzaron después de que Boluarte -quien era vicepresidenta del mandatario Pedro Castillo, el primer presidente de origen rural de Perú- juró el 7 de diciembre como nueva mandataria. Boluarte había prometido exactamente un año antes que si el mandatario era cesado renunciaría al cargo.
Castillo fue destituido ese mismo día tras intentar disolver el Congreso para evitar una votación que buscaba removerlo del cargo.
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La periodista de The Associated Press Gisela Salomón contribuyó con este despacho desde Miami.
