LA PAZ, Bolivia (AP) — Los dirigentes de grupos cívicos y plataformas ciudadanas críticos al gobierno de Bolivia deciden el miércoles en un cabildo, una suerte de asamblea masiva de las bases a nivel local, si retoman las protestas que levantaron la semana pasada tras casi 15 días de movilizaciones y bloqueos de carreteras en protesta por la detención de un líder opositor.
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Santa Cruz, la región considerada el motor económico del país y bastión opositor, se reveló contra el encarcelamiento por cargos de presunto terrorismo de Luis Fernando Camacho, gobernador de esa provincia y oponente a la gestión del presidente Luis Arce y a la de Evo Morales en el pasado.
La convocatoria al cabildo es a nivel nacional y se prevén reuniones en nueve ciudades. En unos casos, los movimientos cívicos buscan defender a Camacho, pero en otros se convocan contra el gobierno de Arce.
El cabildo de Santa Cruz es el que tiene visos de llegar a ser multitudinario. Cualquier ciudadano puede acudir a estas reuniones a plantear su postura para que la dirigencia cívica tome una decisión final sobre el curso de las movilizaciones o la estrategia de oposición a seguir.
“Queremos un cabildo de unidad, de lucha que puede llevarnos a medidas de largo plazo”, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo. "Santa Cruz es el cimiento de la democracia... Porque no aceptamos el autoritarismo, no aceptamos que se quiera imponer una dictadura en Bolivia", agregó.
Camacho, que está en prisión preventiva por cuatro meses, enfrenta cargos por su participación y liderazgo en el estallido social de 2019 que forzó al entonces presidente Morales a dimitir tras unas elecciones calificadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que buscaba su cuarto mandato.
A continuación, AP explica el origen y desarrollo del conflicto en la nación andina.
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¿PARA QUÉ SE HA CONVOCADO A UN CABILDO NACIONAL?
Dirigentes de movimientos cívicos y plataformas ciudadanas críticos al gobierno llamaron a un cabildo nacional, en el que se decidirá si retoman las jornadas de protestas y paralizacones. Los opositores al gobierno aspiran a recabar más apoyo en las provincias de occidente del país, en las que Camacho no ha cosechado la misma simpatía que en su natal Santa Cruz.
Según la ley de Régimen Electoral de Bolivia, la asamblea y el cabildo tienen un carácter deliberativo; sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deben ser consideradas por las autoridades del movimiento que convoca a las bases.
El gobernador de Santa Cruz, líder de la fuerza política de derecha Creemos, la segunda en el Congreso, salió precisamente de las filas de un movimiento cívico. Hoy ejerce sus funciones de gobernador desde su celda.
Las fuertes protestas en contra del proceso penal contra Camacho dejaron un saldo de 27 instituciones incendiadas, así como 44 automóviles. Hay más de 100 detenidos, 27 de ellos con cargos por destrozos, según el ministerio de Gobierno. Los bloqueos de carretera dejado aislado a ese departamento por más de 15 días y eso también repercutió en el aprovisionamiento de alimentos y en los precios en La Paz, sede de gobierno.
¿CÓMO QUEDA LA OPOSICIÓN SIN EL LÍDER MÁS VISIBLE?
La oposición en Bolivia queda herida pero no derrotada. Hay dirigentes desde diferentes frentes y ha elevado sus aspiraciones tras las protestas. Ahora consideran seriamente que tienen posibilidades de vencer en las elecciones de 2025 al Movimiento Al Socialismo (MAS), señalan analistas.
“La oposición está asustada, arrinconada, temerosa pero no está descabezada" reflexiona el analista político Carlos Cordero. Aunque, el también profesor de la Universidad Católica Boliviana (UCB) reconoce que “está afectada, obviamente”. Cordero cree que su objetivo está ahora en las elecciones de 2025, ”aunque lo harán clandestinamente por el miedo”.
La diputada Tatiana Añez, vocera de la fuerza opositora de derecha Creemos, ha denunciado que lo que busca el partido de gobierno es realizar un “golpe a la gobernación, usando a la justicia, para que el gobernador Camacho no pueda ejercer”.
Según su criterio, “con la utilización de las mismas herramientas van a ir por alcaldes y gobernadores que piensan diferente y son contrarios al MAS”, añadió.
Para el analista Paul Coca, la oposición está pagando facturas después de sus desaciertos en 2020 cuando asume la presidencia interinamente, Jeanine Áñez. No pudieron unirse, recuerda Coca, para presentar un solo frente en las elecciones presidenciales que terminó ganando Arce con un 55 %. “La oposición está en su laberinto del que busca salir”, mencionó Coca.
Desde el parlamento, las dos fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC), que tiene como líder al expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y Creemos, liderada por Camacho, han realizado denuncias de persecución política a nivel nacional como internacional. Reclaman que hay cerca de 200 presos políticos en Bolivia.
¿LA DETENCIÓN DEL OPOSITOR LE PASA FACTURA AL PRESIDENTE ARCE?
Analistas consultados creen que el presidente boliviano ha quedado en una especie de fortalecimiento momentáneo entre sus bases, pese a las pugnas internas preexistentes entre el mandatario y su mentor político, Evo Morales.
Rolando Cuellar, diputado del MAS crítico a Morales, aseguró que el partido de gobierno recibió el apoyo de todos los moviminetos sociales afines y que eso es una muestra de su fortaleza.
La celebración del Día Plurinacional del Estado de Bolivia, el pasado domingo, sirvió de termómetro del apoyo social con el que aún cuenta la gestión de Arce. La masiva concentración en La Paz, sede de gobierno, se interpreta como una respuesta de contraste a las movilizaciones opositoras desde Santa Cruz.
¿POR QUÉ ENFRENTA CAMACHO CARGOS POR TERRORISMO?
El gobernador de Santa Cruz es investigado por presuntos cargos de terrorismo por su participación y liderazgo en el estallido social de 2019 que sobrevino a las fallidas elecciones de ese año. El entonces presidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo y terminó renunciando al cargo. La OEA señaló de fraudulentos los comicios.
“La definición de terrorismo en la ley boliviana es tan amplia y vaga que permite su uso arbitrario y político", expresó César Muñoz, director asociado de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.
Según el Código penal boliviano, puede ser acusado de “terrorismo quien cometa delitos contra la seguridad común, la salud pública o atente contra los medios de transporte; o contra la seguridad e integridad de jefes de Estado extranjeros u otras autoridades para intimidar o mantener alarma en la población u obligar a un gobierno u organización internacional realizar un acto o abstenerse de hacerlo; subvertir o alterar el orden constitucional o deponer al gobierno elegido”, entre otras situaciones de hecho como apoderarse de un avión.
El gobierno, como parte acusadora personada a través del ministerio de Gobierno, pidió ampliar la investigación por cohecho activo y seducción de tropas. Acusan a Camacho de haber hecho depósitos de dineros a militares, entre ellos, un jefe militar.
Después de las protestas de 2010, que dejaron 37 fallecidos, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió como presidenta interina.
El MAS, Morales y Arce han cerrado filas y mantienen que se trató de un golpe de Estado, mientras la oposición defiende que fue una reacción social ante el fraude electoral. Áñez está en una cárcel en el centro de La Paz, acusada de haber ejercido el cargo de forma “ilegal” y en una primera instancia recibió la sentencia a 10 años de cárcel, su defensa ha apelado.
Morales había sido interpelado desde la oposición por no respetar los resultados de un referendo anterior a las elecciones. El “no” se impuso el 21 de febrero de 2016 con un 51% sobre la intención del expresidente de buscar la reelección. La Constitución Política del Estado permite la reelección por una sola vez.
Pese a la respuesta de las urnas, Morales acudió al Tribunal Constitucional, que le habilitó para presentarse de forma “indefinida” a los comicios con el argumento de que la reelección es un derecho humano, lo cual también generó protestas.
¿JUSTICIA O REVANCHISMO?
El encarcelamiento de Camacho ha sido interpretado desde dos puntos de vista. Sus detractores, hablan de que el proceso penal en su contra por terrorismo es justicia, mientras sus simpatizantes -y él mismo- hablan de revanchismo político.
Los analistas políticos consultados coinciden en que se trata de revanchismo. Recuerdan que durante la administración Áñez también hubo detenciones por el mismo delito de “terrorismo” a varios exfuncionarios del gobierno de Morales.
El gobierno de Arce defiende que se trata de justicia por las vidas que se perdieron.
No obstante, el el vicepresidente del país, David Choquehuanca, admitió el domingo que la justicia está politizada. Denunció ataques maquiavélicos que “hieren, destruyen y no proponen nada para sanar las profundas heridas de la identidad plurinacional” y aseguró que es un herencia del “Estado republicano”.
La controversia ha puesto el foco de nuevo en un sistema de justicia cuestionado, tanto nacional como internacionalmente, por falta de independencia. António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pidió a Bolivia garantizar la transparencia en los procesos judiciales tras la detención de Camacho.
¿CUÁNTO HAN AFECTADO ECONÓMICAMENTE LOS BLOQUEOS?
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó de un perjuicio económico a nivel nacional de cuatro millones de dólares. Desde sectores empresariales señalan que las pérdidas económicas son mayores.
¿HAY MÁS POLARIZACIÓN AHORA?
La detención de Camacho ha reavivado la polarización. Según los analistas políticos, el país no ha podido superar aún la crisis política de 2019 y eso se manifiesta en una sociedad polarizada a punto de desbordarse.
“Los políticos no se dan cuenta que se nota que la pelea es entre ellos, y con eso buscan enfrentarnos entre bolivianos. Señores políticos, Bolivia es una”, zanjó Juana Soleto, una vendedora de La Paz.
