MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
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El indulto fue una de las últimas maniobras de Bolsonaro antes de su final de mandato, ensombrecido aún más después de que miles de sus seguidores hayan asaltado el pasado 8 de enero en las sedes de los tres poderes.
La decisión de Weber es en respuesta a una petición del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien a finales de diciembre de 2022 envío al Supremo una demanda inconstitucionalidad contra una parte de este decreto, ya que contravenía las obligaciones internacionales del Estado brasileño de procesar y punir a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
El proceso judicial se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta hace diez años para que la Justicia condenara a 74 de aquellos policías por la muerte de 77 presos. Las penas contra ellas oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, sin embargo, ninguno cumplió con la pena, ya que la ley brasileña impide entrar en prisión para estar más de 40 años por un mismo crimen.
De los agentes condenados, cinco ya murieron --uno de ellos asesinado-- y otros 69 continúan con vida. Más de 30 años después nadie entró en prisión, en parte gracias a la maniobra de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas.