MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
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La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha abogado este domingo por "revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación" hasta evitar todos los asesinatos machistas tras registrarse dos presuntos casos en Piedrabuena (Ciudad Real) y El Puerto de Santa María (Cádiz), que se encuentran en investigación y de confirmarse serían los dos primeros de 2023.
"En investigación los primeros asesinatos machistas del año. Revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitarlos todos. Pero no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos", ha escrito la ministra en una publicación en su perfil de Twitter.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado a través de la misma red social que está investigando como violencia de género ambos casos.
En concreto, un varón ha sido detenido en la localidad ciudadrealeña de Piedrabuena como presunto autor del asesinato de una joven de 24 años que ha sido agredida con arma blanca.
Asimismo, la Policía Nacional ha detenido en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María a un varón de 40 años como presunto autor de la muerte de una mujer de 46 años, con la que mantenía una relación desde hace más de un año. Según fuentes de la Delegación del Gobierno "no consta que la víctima esté en Viogen", el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género.
De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia machista ascendería a dos en 2023 y a 1.184 desde 2003. Ambos casos en investigación serían así los primeros de este año tras un 2022 que terminó con casi medio centenar de mujeres asesinadas por violencia de género, más que 2021, tras un mes de diciembre negro, en el que se registraron 11 asesinatos, la cifra mensual más alta desde que hay registros y que iguala a la registrada en diciembre de 2008, que ostentaba en solitario este triste récord hasta la fecha.
En más del 40% de los casos contabilizados en 2022 existía denuncia previa contra el presunto agresor, algo que ha preocupado a las organizaciones feministas que piden una mejor valoración del riesgo de la víctima y una mayor formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los jueces.
