MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y a dos dirigentes de su Gobierno por el presunto secuestro y tortura de dos ciudadanos españoles integrados en un movimiento opositor al régimen político del país africano.
Fue el pasado 31 de octubre cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admitió a trámite una querella presentada por el propio Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) contra Carmelo Ovono, secretario de Estado de Seguridad Exterior en Guinea Ecuatorial, y contra Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial.
Tan solo un mes mas tarde, el instructor dictó un nuevo auto por el que accedía a ampliar la querella inicial y acordaba tener por investigado a una tercera persona: el director general de la Seguridad Presidencial, Issac Nguema. En ese mismo mes de noviembre, el magistrado pidió a la Comisaría General de Información que informase sobre si todos ellos ostentaban en ese momento estatus diplomático en España.
La querella se centra en el presunto secuestro y las posteriores torturas que habrían sufrido cuatro miembros del MLGE3R: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong y los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman. Los hechos habrían acontecido en un viaje de Madrid a Yuba, en Sudán del Sur, donde habrían sido capturados el 15 de noviembre de 2019.
Según recoge la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, todos ellos fueron "trasladados clandestinamente en un avión oficial del régimen de Guinea Ecuatorial, y encerrados en un centro de detención sito en Oveng Asem, en la demarcación de Mongomo, donde continúan hasta estos días". "Han sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen ecuatoguineano bajo presiones frente a la TV pública de Guinea Ecuatorial", apunta el escrito.
PRESENTES EN EL AVIÓN Y EN LAS TORTURAS
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El mismo sostiene que tanto Ovono Obiang como Obama Nchama habrían estado presentes tanto en el avión oficial que ejecutó el secuestro como dirigiendo "algunas de las sesiones de torturas en los sótanos del centro penitenciario". Además, explica que ambos querellados "residirían en España, contarían con domicilio estable, y además, se podrían encontrar" en territorio nacional.
El secuestro se habría producido, según apunta la querella, a raíz de una invitación de un amigo a los cuatro opositores para viajar desde Sudán del Sur a Etiopía. Esa invitación habría resultado ser una trampa para acometer su captura y su posterior traslado a Guinea Ecuatorial.
A los dos nacionales españoles, Efa Mangue y Obama Mefuman, se les habría imputado una presunta participación en un golpe de Estado contra el Gobierno ecuatoguineano por la que habrían sido condenados en un juicio militar a las penas de 90 años y 70 años de prisión respectivamente.
La Comisaría General de Información remitió el pasado 1 de diciembre al instructor un extenso informe en el que ponían el foco en los "numerosos casos de desapariciones, traslados forzosos, torturas e, incluso, asesinatos y condenas a muerte, de conocidos opositores residentes en el exterior" de Guinea Ecuatorial.
"CONTUNDENTES PRUEBAS" DE LOS DELITOS
Los investigadores consideran que los testimonios grabados por las víctimas y las declaraciones de los testigos protegidos que obran en la causa "son contundentes pruebas que determinan la existencia de los delitos investigados, secuestro y torturas principalmente, siendo dos de sus victimas ciudadanos españoles y otra dos ecuatoguineanos residentes y asilados en España".
La Policía asegura que estos delitos se habrían producido "en el marco" de una "persecución sistemática, convirtiéndolos en crímenes de lesa humanidad". "Dos de los responsables directos señalados por la comisión de los delitos acreditados, Nicolás Obama Nchama y Carmelo Ovono Obiang, tienen junto a sus familias, residencia estable y acreditada en España y otros como Isaac Nguema, visitan de forma periódica nuestro país", apunta.
El informe deja claro, además, que "el caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa".
En este contexto, la Policía incide en que ha quedado "acreditada la actividad política de las víctimas, la motivación e itinerario del viaje, la identidad de otro secuestrado no residente en España así como la identidad de algunas de las personas que presuntamente fueron utilizada para realizar el engaño a las víctimas y provocar su desplazamiento".
Asimismo, los investigadores afirman que no se considera "a estas víctimas ni a los grupos opositores a los que pertenecen amenazas contra la Seguridad del Estado ni contra las personas".
