MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
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La Fiscalía de El Salvador ha informado este miércoles de que se ha ejecutado la orden de captura contra la alcaldesa de la localidad de Soyapango, Nercy Montano, en un operativo coordinado con la Policía Nacional.
"En cumplimiento con nuestra misión de velar por los intereses de la sociedad, esta noche, se ejecuta la orden de captura de la alcaldesa de Soyapango, en operativo coordinado con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNCSV)", ha aseverado la Fiscalía en un comunicado en la red social Twitter.
El Ministerio Público ha señalado que la alcaldesa será procesada por apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Pública y malversación de fondos públicos.
Trabajadores de la alcaldía de Soyapango denunciaron este martes el impago de aguinaldo y salario de diciembre por parte de las autoridades. Además, se llevó a cabo una protesta en el municipio con motivo de estas denuncias.
"HAY QUE ARRANCAR LO MALO"
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reaccionado a la captura de la alcaldesa de Soyapango, asegurando que en su país, "nunca se combatió la corrupción y mucho menos contra funcionarios del mismo partido del Gobierno".
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"Pero si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que esto es una necesidad y que es ineludible. Hay que arrancar lo malo para que pueda crecer lo bueno", ha indicado a través de una publicación en su perfil de la red social Twitter.
El Gobierno de Bukele se caracteriza por la implantación de un estado de excepción --vigente desde el 27 de marzo-- que tiene como objetivo combatir a las pandillas que provocaban diariamente decenas de muertes en el país.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.
Esta política le ha servido al país, y en concreto al presidente Bukele, las críticas no solo de sectores opositores nacionales, sino también de gran parte de las organizaciones de Derechos Humanos, que alertan de detenciones arbitrarias y ausencia de garantías para los presos.
