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Feminicidios desangran a México, sin solución a la vista por investigaciones torpes

El sistema está plagado de problemas: policías que no aceptan denuncias sobre desaparecidas, investigaciones torpes y fiscales y jueces que revictimizan

Una tarde de noviembre Mónica Citlalli Díaz salió de su casa en el municipio mexiquense de Ecatepec para dirigirse a la escuela donde impartía clases de inglés. No llegó al trabajo.

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Su ausencia alertó de inmediato a su familia y colegas que empapelaron las paredes de Ecatepec con volantes con su fotografía.

Luego de cuatro días sin señales de Mónica Citlalli, de 30 años, sus familiares bloquearon la calle frente a la escuela para exigir acción a las autoridades. Dos días después su cuerpo fue hallado entre la maleza junto a una carretera.

Las mujeres en México están muriendo a un ritmo aterrador: desde enero hasta noviembre se registraron 131 feminicidios y 241 homicidios sólo en el Estado de México -que rodea a la capital- y el año pasado en todo el país hubo más de mil feminicidios y homicidios dolosos -cifra sólo superada por Brasil en América Latina.

Contexto de los feminicidios

Expertos y defensores de los derechos humanos sostienen que la violencia de género puede atribuirse a un machismo cultural profundamente arraigado y a la desigualdad sistémica así como a un sistema plagado de problemas: policías que no aceptan denuncias sobre mujeres desaparecidas, investigaciones torpes y fiscales y jueces que revictimizan a las mujeres.

Son tantos los casos que la mayoría recibe poca atención. Pero las protestas de la familia de Mónica Citlalli presionaron a las autoridades y acapararon los titulares.

Tres días después de su desaparición el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, pidió un protocolo nacional para tratar los feminicidios y dijo que todos los homicidios de mujeres debían ser investigados como tales. Al día siguiente, en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba de acuerdo con la propuesta.

Algunos estados han intentado abordar el problema creando fiscalías para delitos de género. Por su parte, el gobierno federal ha declarado más de dos docenas de alertas por violencia de género desde 2015 a pedido de grupos de la sociedad civil. Estas alertas obligan a las autoridades locales, estatales y federales a tomar medidas de emergencia coordinadas y garantizar la seguridad, la prevención y el acceso a la justicia. Pero las propias autoridades han reconocido que los beneficios de las alertas y otras medidas han sido limitados.

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“Veía los casos de feminicidios en la televisión y siempre decía ‘pobres mujeres, pobres de sus familias, pobres de sus hijos’”, recordó Massiel Olvera, la hermana mayor de Díaz. “La manera tan horrible como vulneraban sus cuerpos, la manera tan atroz como las lastimaban, como las dejaban”.

Cuando comenzaron a circular fotos de la última víctima hallada su teléfono vibró. El rostro no era visible, pero Olvera reconoció los pantalones de su hermana, sus zapatos y sus manos. “Me la dejaron tirada como una bolsa de basura”.

Las muertas de Juárez

A raíz de los asesinatos de cientos de mujeres y niñas en el estado norteño de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, a finales de la década de 1990 y principios del 2000 la cámara baja del Congreso de México creó una comisión especial para estudiar el feminicidio que en 2006 emitió un informe que concluyó que era casi imposible obtener datos precisos porque algunos estados ni siquiera proporcionaban un desglose por sexo de las víctimas.

Como resultado del trabajo de la comisión en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que creó las alertas de violencia de género. En 2010, los legisladores añadieron el feminicidio -definido como la muerte violenta de una mujer por razones de género- al código penal federal y al año siguiente el Estado de México estableció su fiscalía de delitos de género.

A pesar de los esfuerzos el año pasado hubo más del doble de feminicidios en el país que en 2015, según datos federales.

Impunidad Cero, una organización no gubernamental que estudia la alta tasa de impunidad en el sistema de justicia de México, dijo en su informe de este mes que la tasa de feminicidios a escala nacional en 2021 fue de 1.55 por cada 100 mil mujeres, 125% más que seis años antes. Algunas autoridades lo han atribuido a una mayor concientización sobre el tema y a la voluntad de clasificar más casos como tales, pero Impunidad Cero también encontró que en 2021 sólo 27% de las muertes violentas de mujeres fueron clasificadas como feminicidios.

La violencia de género “persiste como una realidad y no hay señales claras de que el fenómeno esté disminuyendo”, señaló un reciente informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe que depende de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional de Feminicidio Ciudadano de México, atribuyó la responsabilidad a los errores en las investigaciones, que van desde la preservación inadecuada de las escenas del crimen hasta la corrupción entre las policías locales y estatales, que en algunos casos se confabulan con los delincuentes. “El problema está en una descomposición total de un sistema de justicia colapsado”, dijo Estrada.

Dilcya García, quien dirige la fiscalía para la atención de delitos vinculados con la violencia de género del Estado de México, afirmó que la problemática es parte de la estructura social. “La violencia contra las mujeres es muy compleja de abordar y muy compleja de erradicar... Los patrones socioculturales, aquellas conductas aprendidas, van generando y en muchas ocasiones, incluso, demandando la violencia contra las mujeres”.

Feminicidios en el Edomex: Mónica Citlalli y Diana Vázquez son solo muestras

El día después de que la familia de Mónica Citlalli bloqueara la calle en Ecatepec, García se sentó con ellos. Les dijo que estaba comprometida a encontrarla pero planteó la posibilidad de que no estuviera viva. Fue ella misma quien más tarde llamó a Olvera para decirle que habían hallado el cuerpo de su hermana.

El caso de Diana Velázquez se ha vuelto un emblema de la disfuncionalidad en las investigaciones de feminicidios en México.

Velázquez, una vendedora de dulces de 24 años, fue asesinada en Chimalhuacán, al este de la Ciudad de México, en 2017. Salió de su casa temprano una mañana para hacer una llamada telefónica y su cuerpo fue encontrado más tarde tirado frente a un matadero de pollos. Había sido golpeada, violada y estrangulada.

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Entre otros errores en la investigación de su muerte Velázquez fue identificada inicialmente por las autoridades como un hombre, por lo que su familia tardó días en localizarla en la morgue y cuando por fin lo hizo descubrió que el cadáver había estado en un patio, por lo que el grado de descomposición era avanzado.

Además durante la investigación se perdió su ropa, que podría haber sido fundamental en la recolección de material genético para identificar a su asesino.

Luego de tres años sin avances en el proceso, Lidia Florencio Guerrero, la madre de Diana, realizó en julio de 2020 un plantón frente al Palacio Nacional para exigir justicia. Días después de esa protesta la Fiscalía anunció que por el asesinato había sido apresado un conductor de un mototaxi quien según las autoridades fue vinculado al proceso luego del rastreo de las llamadas del teléfono móvil de la joven y del testimonio de la pareja del detenido, que tenía en su poder el teléfono de Velázquez y que, al denunciarlo por violencia doméstica, aseguró que le había confesado el crimen.

El detenido fue condenado en enero a 93 años de prisión por feminicidio y tras apelar logró que le redujeran la pena en casi 30 años, decisión que está en revisión tras un amparo que introdujo la familia de la joven.

Debido a que la investigación fue tan defectuosa, y nunca se arrestó a un segundo sospechoso, Florencio Guerrero alberga dudas. “A todo ese aparato de justicia le falta mucho para entregarnos la verdad”, afirmó la madre y se quejó de que fiscales, policías y peritos “siguen ahí haciendo un mal trabajo y las autoridades correspondientes no los sancionan”.

La familia de Mónica Citlalli espera un resultado diferente y que el proceso no se dilate.

La joven tenía un trabajo que le gustaba y estaba dedicada a su hija Keila, de 11 años. La maestra ya había tenido sus luchas: fue madre a los 19 años y dejó al padre de la niña después de episodios de violencia doméstica. Según relató su hermana, en una oportunidad la madre de ambas golpeó a su yerno con una piedra para que dejara de atacar a su hija. Tras separarse del padre de Keila, Díaz volvió a vivir con sus padres en una modesta casa.

Enemigo a la vista

Este año había conocido en un gimnasio a Jesús Alexis Álvarez Ortiz, un atlético joven de 27 años que trabajaba en un hotel de la Ciudad de México. Era posesivo, reconoció Olvera, y agregó que luego de empezar a salir con él su hermana bajó tanto de peso que los ojos se le tornaron amarillentos. A veces no llegaba a casa hasta la medianoche o la mañana siguiente.

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Aun así Díaz nunca faltaba al trabajo. Salía todas las mañanas a las 6 y regresaba a su casa al mediodía para almorzar con Keila y descansar antes de volver a una segunda sesión de clases hasta la noche.

La tarde del 3 de noviembre, cuando desapareció, su padre recibió un extraño mensaje de texto en su teléfono. “Oye, una amiga me va a dejar vivir unos meses en su casa en Hidalgo”, decía. No mencionaba su trabajo ni a Keila.

Su familia empezó a llamarla al teléfono, pero no logró localizarla. Esa noche se apareció el novio en la casa preguntando por ella. Álvarez Ortiz se notaba nervioso, tartamudeaba y comenzó a decir que la maestra consumía drogas, que estaba deprimida y que un desconocido la llamaba por las noches para amenazarla, recordó Olvera.

El joven acompañó a la familia a denunciar la desaparición pero dos días después dejó de responder su teléfono y su madre lo reportó como desaparecido.

Según las autoridades, tras salir de su casa esa tarde Mónica Citlalli tomó un taxi hasta un centro comercial y luego otro hasta la casa de Álvarez Ortiz. Un video de las cámaras de seguridad de la calle mostró a la maestra ingresando a la casa, de la que nunca salió. Horas después llegó una camioneta y se marchó. Las autoridades creen que llevaba el cuerpo de Díaz.

Tras un allanamiento a la casa aparecieron las ropas manchadas de sangre de Mónica Citlalli. Tres días después del hallazgo del cadáver la policía detuvo a Álvarez Ortiz.

La autopsia indicó que la joven había muerto de un fuerte golpe en la cabeza.

Álvarez Ortiz ha sido encarcelado acusado de desaparición forzada. La familia de Díaz espera que en una próxima audiencia, prevista para marzo, los fiscales agreguen el cargo de feminicidio luego de que recaben todas las pruebas en su contra y se completen los protocolos para la imputación.

AP trató de contactar a los abogados de Álvarez Ortiz para obtener una reacción pero no fue posible.

“Si las autoridades no me dan una respuesta favorable, yo me voy a salir a la calle a cerrar la avenida (…) Me voy a parar hasta que me hagan caso y se haga justicia”.

—  Massiel Olvera, hermana mayor de Mónica Citlalli

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El fotógrafo de AP, Eduardo Verdugo, contribuyó en esta nota.

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