MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
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Así lo ha detallado el dirigente del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, durante una entrevista con la emisora Yusca, detallando que el dato ha sido revelado durante una reunión mantenida entre fuerzas de seguridad y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHH) de El Salvador.
Además de la detención de hasta 14 miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, ha trascendido que en los próximos meses una misión de la ONU y otra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudirá al país centroamericano para investigar la denuncias de capturas arbitrarias y las más de 90 muertes bajo custodia del Estado.
No es la primera vez que organismos internacionales o de defensa de los Derechos Humanos han mostrado su preocupación por el efecto negativo del estado de excepción en las detenciones de pandilleros. La ONG Human Rights Watch denunció en abril detenciones masivas arbitrarias y torturas, así como muertes en custodia o desapariciones forzadas.
A principios de diciembre de 2022, el Comité Contra la Tortura de la ONU mostró su preocupación al Estado salvadoreño por el estado de excepción y le instó a "garantizar que la detención preventiva se aplique como último recurso y durante el plazo más breve posible, según ha informado 'La Prensa Gráfica'.
"Los resultados de estas investigaciones pueden derivar en capturas de policías que han detenido gente que no tiene nada que ver con estructuras de pandillas", ha expresado el representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía.
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No obstante, ha aseverado que los responsables de las acciones son los titulares de las instituciones, porque los agentes "solo siguen lineamientos".
El Gobierno de El Salvador decretó el 27 de marzo el estado de excepción como medida para combatir contra las pandillas, que provocaban diariamente decenas de muertes.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones, según ha detallado el citado diario.
