MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
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La modificación de la Ley del Sector Ferroviario impulsada por el Gobierno y aprobada ya en el Congreso de los Diputados, que cede a Adif las competencias para fijar los cánones ferroviarios que cobra a los operadores de trenes, entrará en vigor este miércoles, 21 de diciembre.
El texto fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras un año de trámite parlamentario durante el cual se han introducido las enmiendas propuestas por los distintos partidos políticos.
El principal objetivo de esta modificación de ley es dar respuesta a las cuestiones planteadas desde la Comisión Europea sobre aspectos de la trasposición a la normativa nacional del marco normativo europeo en esta materia, fijado por la directiva por la que se establece un espacio ferroviario único europeo.
Entre las principales novedades de esta reforma destaca el hecho de que la competencia para la determinación de los cánones ferroviarios se atribuye a Adif, que tendrá a partir de ahora un importante margen de decisión en esta labor.
Con el marco legal anterior, los cánones son aprobados con carácter anual en los Presupuestos Generales del Estado, evitando así que el administrador de la infraestructura ferroviaria (Adif) tenga flexibilidad para adaptar los cánones a cada situación.
Los cánones son las tasas que Adif cobra a Renfe, Iryo y Ouigo por el uso de las vías y determinan la actividad de estos tres operadores. A partir de ahora, estos cánones podrán adaptarse a la coyuntura de cada momento, evitando así lastrar la demanda de viajes o la oferta de trenes si la situación económica cambia.
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REVISIÓN DE PRECIOS
Entre las enmiendas introducidas durante el trámite parlamentario se incluye una para que los contratos de adquisición de material ferroviario destinado a servicios públicos se puedan someter a una actualización de precios en función de la inflación en determinados elementos necesarios para materializar dichos contratos.
Así, se permite la revisión de hasta un 20% del precio de licitación de los contratos de suministros de material ferroviario rodante y componentes de fabricación y mantenimiento para cubrir el encarecimiento de las materias primas.
Esta revisión se extiende a todo contrato con cualquier entidad del sector público en ejecución, licitación, adjudicación o formalización cuando entre en vigor la ley y cualquier contrato que se publique en la plataforma de contratación del sector público durante un plazo de un año a partir de la entrada en vigor, y se hará atendiendo al aumento de costes de las materias primas recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Otro de los cambios pactados en la norma pasa por aumentar las sanciones ante incumplimientos de resoluciones y requerimientos de información de la CNMC, hasta 300.000 euros y 100.000 euros, respectivamente.
