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VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Valladolid y el Gobierno de España han suscrito este martes el protocolo para la construcción de la Ciudad de la Justicia en el entorno del colegio de El Salvador, con una inversión prevista de casi 80 millones de euros y con el establecimiento de una fase preliminar y dos fases de ejecución, de las cuales la primera concluiría en 2027 y la segunda, en 2031.
El documento se ha presentado este martes en una rueda de prensa que han ofrecido en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana el alcalde, Óscar Puente, y la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Ana María Sánchez; acompañados por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia.
El alcalde de Valladolid ha explicado que el documento es un protocolo que deja claro que el Ayuntamiento dispone la cesión de las dos parcelas --la del colegio El Salvador y la del aparcamiento del antiguo Hospital del Río Hortega-- para la construcción de la Ciudad de la Justicia por parte del Ministerio.
En este sentido, Puente ha querido agradecer al Ministerio "la voluntad" de establecer por escrito en un documento la construcción de este equipamiento "tan importante y tan necesario para la ciudad" y atender a las demandas tanto de la ciudad como de los colectivos profesionales de la justicia.
El Ministerio de Justicia, según han explicado los representantes, se compromete a realizar las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Valladolid en las parcelas cedidas, con una inversión prevista de 79.807.200 euros.
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El protocolo también establece unos calendarios de referencia que prevén que en los primeros meses de 2023 se complete del todo la cesión y afectación de las parcelas y que ese mismo año se saque a licitación un anteproyecto en el que se fijarán también las fases de ejecución de la obra y qué edificios se realizarán en primer lugar.
Para la primera fase se prevé también redactar el proyecto de ejecución en 2023 y licitar el contrato de obras en 2024, con un plazo de aproximadamente tres años hasta 2027. En cuanto a la segunda fase, que será la que pueda atender a las "necesidades futuras" del sector, la previsión es licitar el contrato de obras en 2028 y concluir los trabajos en 2031.
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
En cuanto al presupuesto, se contemplan 50 millones de euros para la primera fase y 29,8 millones para la segunda. Mientras que, desde otro punto de vista, se prevé un coste de 3 millones de euros en el proyecto y dirección de obra; 69,5 millones de euros en la ejecución de los trabajos; 3,8 millones de euros en implantación (amueblamiento y mudanza); y 3,5 millones de euros en un aparcamiento subterráneo.
En cuanto a la cesión de las parcelas, se recuerda que el Ayuntamiento ha adquirido ya la del colegio El Salvador comprándosela la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria; mientras que la parcela del espacio vacío del antiguo Hospital del Río Hortega, contigua a la anterior, obtenida en ejecución del planeamiento urbanístico vigente mediante una permuta con la Tesorería de la Seguridad Social, que ha obtenido varias parcelas y derechos inmobiliarios.
Puente ha explicado que en cuanto a la primera de las parcelas se ha completado ya "toda la tramitación" y está tan solo pendiente de publicación "inmediata" de la memoria y la exhibición pública de la memoria por un plazo de 15 días, a continuación de lo cual será ya propiedad del Ministerio. La otra parte, la del aparcamiento, está en inscripción en el Registro de la propiedad para que figure a nombre del Ayuntamiento y una vez esté hecho eso se procederá a la cesión a la entidad ministerial "en unos plazos de tiempo más breves".
Además, ambas partes se comprometen a realizar las actuaciones que les correspondan para el mejor desarrollo del proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, con el siguiente escenario temporal.
REVERSIÓN DE LA PARCELA AL AYUNTAMIENTO
En el protocolo se establecen otros compromisos que garantizan el futuro del proyecto que pondrá fin a la dispersión de sedes judiciales y se tiene en cuenta que si durante la redacción del proyecto o ejecución de la obra, se produjera alguna circunstancia sobrevenida que impida la construcción de la Ciudad de la Justicia de Valladolid con la superficie y características proyectadas,*o bien se produjese un retraso del 30 por ciento*en las licitaciones del proyecto, dará derecho al incoar el expediente de reversión salvo causas ajenas al Ministerio.
Óscar Puente ha señalado que se trata de un compromiso de que el proyecto saldrá adelante y de que "si no sale" la parcela volverá al Ayuntamiento, por lo cual se ha fijado un porcentaje de retraso "más allá de lo razonable", siempre que sean por causas imputables al Ministerio. Por ello, el alcalde ha precisado que no se tendría en cuenta el retraso si por ejemplo la licitación quedara desierta o si una empresa "da la espantada".
Igualmente, cabrá la reversión al Ayuntamiento de Valladolid ante el desistimiento unilateral por parte del Ministerio de llevar a cabo la licitación del correspondiente contrato de obras.
Óscar Puente ha querido agradecer también la presencia de representantes del Grupo Municipal de Ciudadanos y ha recordado que también se invitó al acto al Partido Popular y a Vox, ya que ha recalcado que esta firma responde a la moción aprobada a primeros de noviembre por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento para reclamar al Ministerio un compromiso expreso con el proyecto.
"LO IMPORTANTE NO ES LA FOTO, SINO QUE ÉSTO AVANCE"
En cuanto a la ausencia en este acto de la ministra de Justicia, Pilar Llop, Puente ha incidido en que "lo importante no es la foto ni quien esté en ella", sino que el proyecto avance, al tiempo que ha recordado que la subsecretaria de Justicia es quien ostenta las competencias en infraestructuras.
Ana María Sánchez ha coincidido en que "lo importante es la firma y el compromiso", al tiempo que ha apuntado que no será necesario una modificación presupuestaria ya que se puede disponer de fondos presupuestados en partidas no regionalizadas.
"DA PLENA RESPUESTA A LAS NECESIDADES"
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, Javier Carranza, ha considerado que el protocolo "da plena respuesta" a las necesidades que tiene la ciudad en materia de Justicia y lo considera "el punto final de un recorrido y el arranque definitivo para la ejecución de la obra".
En este sentido, ha recalcado que al tratarse de "una cuestión de ciudad" han estado juntos en la reclamación "todos los operadores jurídicos" y también los grupos municipales, que se concentraron hace unas semanas para elevar esa "voz de aviso" al Ministerio de Justicia.
Carranza ha señalado que le parece "más bien razonable" el plazo para la conclusión de la primera fase en 2027 y ha considerado que "lo más lógico" será trasladar en primer lugar a la nueva sede los servicios judiciales que se encuentran actualmente en edificios arrendados, como los juzgados de Primera Instancia de Nicolás Salmerón; los ubicados en la Plaza del Rosarillo y los juzgados de lo Contencioso de la calle San José.
"Al final se convertirá en lo que yo siempre he dicho, la plaza de la Justicia", ha apostillado.
