LONDRES (AP) — El plan del gobierno británico de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda en un viaje sólo de ida es legal, según concluyeron el lunes dos jueces del Alto Tribunal británico en una victoria para los defensores de la controvertida medida.
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Sin embargo, los jueces también dijeron que el gobierno no había tenido en cuenta las circunstancias individuales de las personas a las que intentaba deportar, lo que planteaba el escenario para nuevas batallas legales antes de que se enviara a nadie hacia el este de África.
Había una vista prevista en el caso para el mes que viene y era probable que hubiera apelaciones.
Varios solicitantes de asilo, grupos de ayuda y un sindicato de funcionarios de fronteras presentaron demandas para impedir que el gobierno conservador aplique un acuerdo de deportación con Ruanda que aspira a disuadir a los migrantes de cruzar el Canal de la Mancha en lanchas.
Gran Bretaña planea enviar a algunos migrantes llegados al país como polizones o en botes hasta el país oriental africano, donde se procesarían sus solicitudes de asilo. Los que obtuvieran asilo se quedarían en Ruanda en lugar de regresar a Gran Bretaña.
“La Corte ha concluido que es legítimo que el gobierno haga arreglos para reubicar a solicitantes de asilo en Ruanda y que sus solicitudes de asilo se diriman en Ruanda y no en Reino Unido”, indicó el juez Clive Lewis.
Pero añadió que el gobierno “debe decidir si hay cualquier cosa en las circunstancias particulares de cada persona que implique que su solicitud de asilo deba tramitarse en Reino Unido o si hay otros motivos por los que no deba ser reubicado a Ruanda”.
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“El secretario del Interior no ha considerado apropiadamente las circunstancias de los ocho solicitantes cuyos casos hemos considerado”, indicó el juez.
El Consejo de Refugiados está “muy decepcionado” con el fallo, indicó Ever Solomon, responsable de la organización benéfica.
“Tratar como mercancía humana a gente que busca seguridad y enviarla a otro país es una política cruel que causará un gran sufrimiento humano”, afirmó.
En lo que va de año han llegado más de 44.000 personas a Gran Bretaña a través del Canal, y varias han muerto en el intento, incluidos cuatro la semana pasada cuando un barco naufragó en las frías aguas.
Grupos de derechos humanos afirman que el acuerdo del gobierno con Ruanda es ilegal e impracticable, y que es inhumano enviar a la gente a miles de millas de distancia, a un país en el que no quieren vivir. También señalan el pobre historial de Ruanda en respeto a los derechos humanos, que incluye acusaciones de torturas y de asesinatos de opositores.
Gran Bretaña ha pagado a Ruanda 146 millones de dólares (120 millones de libras) dentro del acuerdo firmado en abril, aunque aún no se ha enviado a nadie al país. Londres se vio obligada a cancelar el primer vuelo de deportación en el último minuto el pasado junio después de que la Corte Europea de Derechos Humanos determinara que el plan suponía “un riesgo real de daño irreparable”.
El gobierno británico está decidido a seguir adelante con el plan y afirma que disuadirá a las pandillas que hacen contrabando de personas y embarcan a los migrantes en peligrosos viajes a través de las transitadas rutas navieras del Canal.
