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Juez decidirá esta tarde el destino de Pedro Castillo

El fiscal adjunto supremo estimó en la audiencia que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel y que hay peligro de fuga, si es que sale libre

Este jueves 15 de diciembre, el juez que decidirá si el expresidente, Pedro Castillo permanecerá preso o saldrá libre, dará su criterio a las 5:00 de la tarde. Cabe destacar que la fiscalía pidió extender la prisión preventiva para el exmandatario por 18 meses, eso en lo que Castillo es investigado por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

En audiencia, la fiscalía y la defensa de Castillo expusieron sus argumentos ante el juez supremo, Juan Carlos Checkley, sobre si hay motivos para que el mandatario se mantenga en prisión preventiva.

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Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita ante el juez fue asumida por un abogado de oficio. El abogado acreditado del exgobernante, Ronald Atencio, explicó que no participa en la audiencia, porque considera que “no existen mínimas garantías” y que el procedimiento contra Castillo se sigue tras una destitución que incumple las leyes.

El fiscal adjunto supremo, Alcides Chinchay, estimó en la audiencia que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel y que hay peligro de fuga, porque México expresó voluntad de darle asilo.

Agregó que entre los daños al Estado, deben contemplarse los efectos del mensaje del exmandatario, “las preocupantes consecuencias del intento de golpe”, pronunció, así como las protestas violentas sobrevenidas tras su destitución.

El abogado que asumió la defensa de Castillo, Ítalo Díaz, adujo que no hubo rebelión, porque Castillo no se alzó en armas y que tampoco hay peligro de que el procesado obstaculice la investigación de fiscalía, porque ya no es presidente. Sobre el asilo, matizó que la mención del canciller de México no implica que Castillo lo haya pedido.

La decisión sobre el estatus de Castillo coincide con la declaratoria de emergencia nacional decretada por el gobierno de Dina Boluarte. Ante el incremento de las protestas sociales por la crisis política peruana, quedaron suspendidos por 30 días los derechos fundamentales de los ciudadanos y se movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.

En una semana de protestas, se suman ocho muertos y cientos de heridos. Cinco de los fallecidos son de la ciudad andina de Andahuaylas, donde las protestas exigen nuevas elecciones. Esa población amaneció este jueves 15 de diciembre con policías armados de fusiles resguardando la sede policial.

Pese al estado de emergencia, no se observaba presencia de soldados del ejército en las calles, pero en la víspera patrullaron camionetas blancas con soldados armados por algunas calles de Andahuaylas. Los caminos de salida de la ciudad están bloqueados y las terminales terrestre de buses y taxis vacías por temor a las protestas de más tarde.

Algunos comerciantes de tiendas de abarrotes, limpiaban las calles llenas de piedras y de cenizas de neumáticos quemados, pero tenían previsto cerrar sus tiendas temprano ante las fuertes protestas impulsadas por campesinos de las aldeas rurales cercanas.

Castillo fue detenido el miércoles de la semana pasada, luego de dar un mensaje televisivo, como presidente de la República, en que anunció la disolución del Congreso y la intervención de varias entidades del Estado.

En esa misma jornada, fue destituido por el Congreso de su cargo y quedó detenido. Al día siguiente, un juez dispuso que siga cautivo siete días como medida de detención preliminar, que se cumplió el miércoles de esta semana.

Al agotarse el plazo, la fiscalía hizo un nuevo pedido para extender la prisión preventiva a 18 meses. Mientras el juez no decida sobre este requerimiento, Castillo debe seguir cautivo. Si el magistrado Checkley acepta la solicitud, se prolonga la prisión al exgobernante.

El fiscal adjunto supremo, Alcides Chinchay, destacó que el día de su detención, Castillo, había pedido detener a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien lo investiga por presuntos delitos de corrupción.

Aclaró que este mensaje (que lanzó cuando se movilizada en comitiva por Lima, después de pronunciarse en televisión para disolver el Congreso) no se extendía a otras autoridades, según declaró como testigo el exministro del Interior, Willy Huerta.

Castillo fue detenido después cuando, según la fiscalía, iba a la embajada de México a asilarse. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contó que Castillo lo llamó para pedirle asilo y que dispuso que se le permitiera el ingreso a la embajada en Lima.

La reacción de Perú ante el respaldo manifestado por Argentina, México, Colombia y Bolivia a Castillo, a quien siguen reconociendo como presidente peruano, llamó a consultas a sus embajadores en estos países.

“La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la Nación, y dirige la política exterior”, arranca el pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi.

La postura de las cuatro naciones vecinas es una “intromisión de los asuntos internos del Perú, por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, afirmó la funcionaria del gobierno de Dina Boluarte.

El pedido de prisión preventiva de 18 meses también es para el exprimer ministro del Perú, Aníbal Torres, que era asesor del gobierno de Castillo y cuya localización es desconocida. Sin embargo, reapareció en conexión virtual en la audiencia y se limitó a expresar conformidad con su defensa. El juez tiene hasta el viernes de esta semana para decidir si ordena prisión preventiva para Castillo, pero anunció que se pronunciará la tarde de este jueves.

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