BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)
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La propuesta la Comisión que respalda el Consejo pretende mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra el medio ambiente y en ella, se definen con mayor precisión los delitos medioambientales y se añaden nuevos tipos, al tiempo que se armoniza el nivel de sanciones a las personas físicas y, por primera vez, también a las personas jurídicas.
Así, en lugar de los nueve delitos actualmente recogidos en el Derecho penal europeo, el mandato de negociación define veinte, ampliando y detallando el ámbito de las conductas prohibidas por atentar contra el medio ambiente.
"Es necesario que comparezcan ante la justicia las personas y organizaciones que se lucren de actividades que ponen en riesgo nuestra salud y dañan nuestros ecosistemas. La protección del medio ambiente es uno de los principales retos de nuestra generación, en la UE y en el resto del mundo", ha señalado el ministro de Justicia de República Checa, que ostenta la presidencia de turno del Consejo hasta final de año, Pavel Blazek.
En lo que atañe a las personas físicas, se contempla una pena máxima de prisión de al menos diez años para los delitos cometidos de forma intencionada y que causen la muerte a alguna persona; de cinco años para los cometidos por negligencia grave que causen la muerte a alguna persona; y de entre tres y cinco años para los demás delitos cometidos de forma intencionada incluidos en la legislación.
En el caso de las personas jurídicas, el texto establece, para los delitos de mayor gravedad, una multa máxima de al menos el 5% del volumen de negocios total en el mundo de la persona jurídica, o bien 40 millones de euros y para los demás delitos, una multa máxima de al menos el 3% del volumen de negocios o 24 millones.
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Podrán adoptarse también otras medidas adicionales, como la obligación de que el infractor restablezca el medio ambiente o compense los daños, su exclusión del acceso a la financiación pública o la retirada de permisos o autorizaciones.
Además, el texto incorpora la necesidad de impartir formación a quienes trabajan para detectar, investigar y enjuiciar los delitos medioambientales y de dotar a estos servicios de recursos suficientes y contiene disposiciones sobre la ayuda y asistencia a las personas que denuncian delitos medioambientales, a los defensores del medio ambiente y a las personas afectadas por este tipo de delitos.
