SAN SALVADOR (AP) — El congreso salvadoreño aprobó el martes una octava prórroga del régimen de excepción para seguir persiguiendo a las pandillas, pese a las críticas de políticos opositores y organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado detenciones arbitrarias y abusos de parte de las autoridades.
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“Esta es una estrategia firmemente elaborada y los resultados indican que esta estrategia no está fallando”, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición y justificar la nueva prórroga.
Destacó que la medida ha permitido capturar a 57.568 pandilleros, entre ellos 843 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, y resaltó que de los 15 cabecillas de la llamada Ranfla Nacional de la MS-13, que dirigen todas las operaciones criminales, nueve ya están en la cárcel.
Explicó que cuando se implementó el régimen de excepción y se amplió la persecución de las pandillas, “teníamos registro de 76.600 pandilleros, quiere decir que a esa cifra le hace falta capturar alrededor de 26.000”.
El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, la Asamblea Legislativa aprobó la puesta en marcha de un estado de excepción por primera vez y durante 30 días a solicitud del presidente Nayib Bukele.
Según estadísticas oficiales, del 1 de enero al 31 de octubre se registraron 572 homicidios, 38% menos que los 928 en el mismo periodo de 2021.
En lo que va de noviembre, nueve personas fueron asesinadas aunque ya se suman ocho días sin homicidios, a decir de las autoridades.
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Al presentar la solicitud de prórroga, Villatoro prometió que El Salvador no volverá a vivir la zozobra de las pandillas, arremetió contra las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y afirmó que “está claro que sólo velan por los derechos humanos de los criminales”.
Las llamadas maras o pandillas, que tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
La nueva prórroga se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados de la Asamblea Nacional unicameral. Ocho diputados opositores votaron en contra, y cuatro no asistieron a la sesión.
El régimen de excepción fue extendido la anterior ocasión el 14 de octubre con vencimiento el 18 de noviembre y las autoridades han advertido que continuarán aplicándolo hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.
“Sin discusión alguna, el derecho humano más importante es la vida. Con el régimen de excepción se ha salvado a miles de salvadoreños y la población comprende fácilmente la necesidad de prolongarlo”, manifestó el jefe de la bancada oficialista, Christian Guevara.
Por su parte la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, que nuevamente votó en contra, dijo que la medida ya no es excepcional porque como en tiempos de la guerra civil (1980-1992) se está prorrogando mes con mes.
“Se han prevenido homicidios, que bueno, eso es importante, pero no a costa de la gente inocente, porque en lugar de fortalecer el sistema de justicia, lo están debilitando”, afirmó.
El estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no deberá exceder de 30 días. Transcurrido ese plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto, en caso de que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerán por completo las garantías suspendidas.
En marzo, el Congreso salvadoreño también aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de una pandilla, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a los mayores de 12.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades. La organización Cristosal informó que en siete meses de estado de excepción registraron 2.938 denuncias y más de 3.107 personas vulneradas en sus derechos. Además dicen tener información de 80 fallecidos cuando se encontraban bajo custodia del Estado.
