BUENOS AIRES (AP) — Una corte federal de Argentina ordenó el martes la libertad de cuatro miembros de una agrupación de derecha que cobró notoriedad por sus expresiones violentas en redes sociales y manifestaciones callejeras contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner justo antes del fallido atentado frente a su domicilio en septiembre.
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Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, quienes forman parte de Revolución Federal, habían sido detenidos el 20 de octubre por presunta incitación a la violencia en una causa paralela a la que investiga el intento de asesinato contra la exmandataria (2007-2015).
“Luego del estudio de las actuaciones podemos concluir que no existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado”, resolvieron los tres miembros de la Cámara Federal de Buenos Aires.
Los cuatro involucrados seguirán en libertad mientras dure la investigación.
“Revolución Federal”, que no se autodefine como político y se siente afín al liberalismo económico que propugna la derecha más conservadora, fue artífice en agosto de la llamada Marcha de Antorchas frente a la Casa Rosada y bajo la consigna “cárcel o bala” al gobierno del presidente peronista Alberto Fernández y al sector que lidera Fernández de Kirchner, los participantes arrojaron teas encendidas sobre las vallas que rodean la sede gubernamental.
La agrupación liderada por Morel y Sosa, de 23 años, también tiene fuerte presencia en redes sociales, donde dispara sus dardos contra la clase política y particularmente contra el Kirchnerismo, al que tilda de corrupto e incapaz.
El grupo cobró notoriedad pública tras confirmarse que una de las detenidas por el intento de asesinato contra la vicepresidenta el 1 de septiembre, la joven Brenda Uliarte participó de la protesta de agosto frente al palacio gubernamental.
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Sin embargo, la justicia por el momento no encontró pruebas que vinculen a Revolución Federal con el ataque contra Fernández de Kirchner y la investigación se enfoca en sus métodos de protesta y financiamiento.
En contraposición, los abogados que representan a la vicepresidenta han solicitado la unificación de ambas causas judiciales.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la pesquisa, ha puesto la lupa en los fideicomisos “Espacio Añelo”y “Santa Clara del Sur” que pertenecerían a la empresa “Caputo Hermanos”, de los hermanos de Luis Caputo, exministro de Finanzas del gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019), uno de los opositores al Kirchnerismo.
