MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban, todas de 18 años, fallecieron esa misma madrugada en el Madrid Arena. Semanas más tarde fallecieron en el hospital Belén Langdon, de 17 años, y María Teresa Alonso, de 20.
En el caso se depuraron responsabilidades en el ámbito jurídico y político. En la esfera política dimitieron cuatro cargos, entre ellos el entonces concejal de Seguridad Pedro Calvo y el que fuera vicealcalde de Madrid Miguel Ángel Villanueva por su vinculación a Miguel Ángel Flores, el promotor del evento mortal.
La avalancha mortal se produjo sobre las 4.00 horas del jueves 1 de noviembre de 2012 durante la celebración del evento de música electrónica Thriller Music Park. La entonces alcaldesa de Madrid Ana Botella recibió multitud de críticas al marcharse los días posteriores a un spa a Portugal en medio de la crisis que generó lo sucedido aquella fatal noche.
EL JUICIO
La Justicia determinó que la muerte de las cinco jóvenes y las lesiones de otras 29 personas se produjeron como consecuencia del sobreaforo existente, al haber entrado al recinto alrededor de 16.600 personas.
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De la vista oral se supo que la apertura de un portón de carga permitió el acceso a miles de jóvenes para ver la actuación del Dj Steve Aoki, lo que saturó la pista central y sus pasillos de evacuación, provocando en uno de ellos la avalancha mortal.
En el juicio quedaron patentes las negligencias que hubo por parte del equipo sanitario responsable del evento, organizado por el empresario y principal condenado Miguel Ángel Flores, y por parte de la empresa encargada de la seguridad, Seguriber.
En marzo de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la condena a cuatro años de prisión a Miguel Ángel Flores, quien se encuentra en libertad total desde octubre de 2020. Se le penó como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave.
El Alto Tribunal acordó anular la absolución del médico Simón Viñals, encargado de dirigir los servicios sanitarios en el Madrid Arena cuando ocurrieron los hechos. Fue condenado a un año de prisión por un delito de imprudencia grave al no atender a una de las víctimas, pero no cumplió prisión al quedar suspendida la pena.
Además el Supremo ratificó las penas a tres años de cárcel impuestas a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A., y a Santiago Rojo, director general de Diviertt. También a dos años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34.
