MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
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El empresario William Anthony Schwank, reclamado por Guatemala como presunto intermediador de una comisión ilegal para la ampliación del Puerto Quetzal, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Villarejo' que Ángel Pérez Maura le pagaba entre 1.500 y 2.000 euros mensuales, a través de colaboradores del comisario, a cambio de que no colaborara con la Justicia de su país, que también perseguía al empresario español.
Schwank ha comparecido durante varias horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, después de que los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y Jorge Andújar reclamaran que se le interrogara en el marco de esta pieza separada número 4 o 'Pit'. Ya fue citado el pasado 11 de marzo pero entonces se acogió a su derecho a no declarar por estar inmerso en un proceso de extradición a Guatemala.
En esta línea de investigación de 'Tándem', el instructor intenta averiguar si los hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura contrataron al grupo empresarial de Villarejo, CENYT, para impedir que el primero fuera extraditado a Guatemala por su presunta implicación en el pago de sobornos a autoridades guatemaltecas para que la Terminal de Contenedores Quetzal (TQC) consiguiera el contrato de ampliación de dicho puerto.
Ángel Pérez Maura y Schwank son dos de las seis personas contra las que la Fiscalía guatemalteca libró en 2016 órdenes de captura internacionales por esas supuestas corruptelas. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Schwank ha contado este viernes que se enteró de que estaba en busca y captura cuando se encontraba en Palma de Mallorca para reunirse con un viejo amigo.
De acuerdo con su relato, Pérez Maura le pidió que se trasladara a Madrid para reunirse y en ese encuentro le pidió encarecidamente que permaneciera en España para evitar cualquier tipo de colaboración con la Justicia guatemalteca que pudiera acabar salpicándole. A cambio, le ofreció protección y sustento económico, ha especificado.
A partir de ese momento, Schwank ha indicado que se reunía mensualmente con un hombre llamado Víctor que dijo ser amigo de Ángel Pérez Maura para que le diera entre 1.500 y 2.000 euros. En este punto, según las citadas fuentes, el fiscal le ha mostrado una fotografía del ex policía Antonio Bonilla --uno de los colaboradores de CENYT-- y el empresario guatemalteco le ha identificado como Víctor.
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Bonilla le habría estado haciendo las entregas mensuales hasta la detención de Villarejo, en noviembre de 2017. Después, se las habrían hecho dos personas distintas --Armando Mateo y un mensajero que trabajaba para los Pérez Maura-- hasta mayo de 2019, cuando dejó de recibir pagos, coincidiendo con la detención de los hermanos navieros y el registro en su empresa.
NO LLEGÓ A VER A VILLAREJO
Schwank ha afirmado que en todo momento vinculó a los portadores de esos fondos al equipo de servicios legales, policiales y económicos que se encargaba de la propia protección de Pérez Maura.
Ha señalado que en un momento dado Bonilla le ofreció prestarle directamente los mismos servicios que le llegaban a través de Pérez Maura, "soluciones milagrosas" ante cualquier problema de índole judicial.
Schwank ha manifestado que fue entonces cuando se dio cuenta de que no se trataba de un equipo de abogados. De hecho, ha detallado que realmente nunca le asesoraron legalmente. Según él, decidió rechazar su ofrecimiento directo.
Interrogado sobre Villarejo, ha aclarado que no tuvo contacto alguno con él. Al parecer, su enlace con CENYT era Bonilla, al que dice que escuchaba hablar de un "jefe".
AHORA, DISPUESTO A COLABORAR
Preguntado por su defensa por qué había optado hasta ahora por guardar silencio, Schwank ha contestado que está aterrorizado porque la investigación guatemalteca se mezcla con intereses políticos y tiene miedo a posibles represalias.
A este respecto, ha revelado que acaba de pedir asilo en España, algo que ha justificado que no hizo a su llegada a suelo español por consejo de Pérez Maura, que le habría asegurado que estaba bien protegido con dicho equipo. En esta nueva coyuntura, ha trasladado que está dispuesto a colaborar con la Justicia.
La declaración de Schwank es uno de los últimos flecos por atar antes de que García Castellón ponga fin a la investigación de 'Pit', que arrancó en 2016 cuando Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez Maura, acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios de ese país, incluidos el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.
Las pesquisas judiciales apuntan que los Pérez Maura habrían acudido a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel. Por este encargo, bautizado como 'Pit' --de ahí el nombre de la pieza separada--, el grupo empresarial del entonces comisario se habría embolsado 7,4 millones de euros.
En un principio, la investigación española se centró en 'Pit', pero cuando la Audiencia Nacional rechazó en 2018 la extradición de Pérez Maura a Guatemala por ser ciudadano español abrió la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban.
En respuesta, García Castellón asumió en abril de 2021 la causa dirigida en Guatemala contra Pérez Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho para concluir la fase de instrucción y, en su caso, proceder a juicio.
PENDIENTES DE GUATEMALA
Desde entonces, ha solicitado diversa información a la Fiscalía guatemalteca. El pasado marzo, casi un año después de cursar la primera comisión rogatoria, recibió la documentación reclamada por valija diplomática.
No obstante, García Castellón aún espera a que el Ministerio Público de Guatemala le responda si le permite o no viajar allí para completar sobre el terreno las pesquisas pendientes de la parte guatemalteca de la causa.
Las fuentes consultadas por Europa Press explican que el silencio de las autoridades guatemaltecas sobre la posibilidad de que García Castellón se traslade personalmente es en estos momentos el principal escollo para poner fin a la instrucción de 'Pit'.
Desde la Audiencia Nacional se han emitido ya varios recordatorios a Guatemala para intentar obtener una respuesta --sea en el sentido que sea--, aunque sin éxito. Las mismas fuentes aseguran que se mandará un ultimátum para tratar de zanjar el asunto.
