MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
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Por este motivo, la OEA ha determinado en un comunicado que considerará "la situación en Perú", después de que el mandatario Pedro Castillo haya pedido ayuda al organismo para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio de poder, alegando que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra es "una nueva modalidad de golpe de Estado".
Esta reunión contará con la presencia del primer vicepresidente y Relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Stuardo Ralón Orella, y del ministro de Exteriores peruano, César Landa Arroyo.
Durante la tarde de este miércoles el Ejecutivo peruano ha solicitado formalmente al OEA la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática con la que el organismo interamericano puede brindar asistencia cuando "el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder", ha informado 'El Comercio'.
"En los últimos meses vienen ocurriendo en Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de otros órganos constitucionales, que, en abierta contradicción con las disposición constitucionales y las normas que regular la separación de poderes, (...) han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática", ha afirmado Castillo en la petición presentada a la OIEA.
Asimismo, el presidente de Perú ha sostenido que la denuncia constitucional presentada por la fiscal general del país, Patricia Benavides, pone en "grave amenaza" la estabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho en el país, configurando "una nueva modalidad de golpe de Estado".
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Con todo, Castillo ha apelado a que los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana "ya han sido aplicados en anteriores oportunidades, como en la crisis política que amenazó en el año 2008 con alterar el orden constitucional y democrático en Bolivia y que finalmente permitió un acuerdo nacional con los buenos oficios de la OEA".
Esta petición tiene lugar una semana después de que la fiscal general peruana presentase ante el Congreso una acusación constitucional contra Castillo inculpándolo de corrupción.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
En el documento también se acusa de los mismos delitos a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo; y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento), según 'Diario Correo'.
Tras esta acusación, Castillo afirmó que está sufriendo una persecución política, a la vez que ha denunciado una "nueva modalidad de golpe de Estado".
"Hoy tenemos a una Fiscalía política en el Perú, que lejos de juzgar a los verdaderos criminales, hoy está haciéndolo con el Gobierno que ha sido elegido legítimamente por el pueblo para conducir los destinos del país", indicó el mandatario en una rueda de prensa, añadiendo que "en el país se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado".
