MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
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En una carta enviada al Congreso peruano, la ministra de Cultura ha acusado a la titular de la Fiscalía General de cometer los delitos de abuso de autoridad y prevaricación, infringiendo de esta manera la Constitución hasta en tres artículos, así como incurriendo en conductas tipificadas en varios artículos del Código Penal de Perú, según ha recogido el diario 'El Comercio'.
Según Chávez, la denuncia constitucional presentada por Benavides contra Castillo consigna delitos no contemplados dentro del artículo 117 de la Constitución peruana, que no permite que el mandatario sea acusado más allá de cuatro supuestos explícitos.
"(Benavides) ha puesto en evidencia que lejos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, estaría poniendo al Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al Gobierno", ha advertido la titular de Cultura en su misiva.
"De lo manifestado se puede evidenciar que el hecho principal que es materia de investigación es la existencia de un poder que pretende atentar contra la institucionalidad y la figura y la investidura del presidente de la República utilizando diversos mecanismos fuera de la Constitución", ha agregado.
Chávez ha sostenido que Benavides ha tratado de aplicar los Tratados Anticorrupción de Naciones Unidas por supuestos indicios no corroborados, "sin ninguna prueba y poniéndolo absurdamente por encima de la Constitución, con el único fin de perpetrar un golpe de Estado", ha informado el citado diario.
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La de la ministra de Cultura es la segunda denuncia que recibe la titular del Ministerio Público durante la jornada de este miércoles.
Dos abogados cercanos al presidente peruano Pedro Castillo han presentado una denuncia penal contra Benavides acusándola de prevaricación por haber actuado de manera ilegal tras interponer una denuncia constitucional contra el presidente de la República de Perú, aforado según la Constitución del país, ha informado la emisora RPP.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
En el documento también se acusa de los mismos delitos a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo; y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento), según 'Diario Correo'.
