PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Los haitianos empezaron a perder el control de sus vidas el mes pasado, poco después de que el primer ministro Ariel Henry dijese que eliminaría los subsidios a los precios de los combustibles, que de inmediato aumentaron al doble.
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Sonaron disparos y manifestantes bloquearon las calles con cercos de acero y árboles de mango. Acto seguido, la banda delictiva más poderosa de Haití cavó fosas para bloquear el acceso a la terminal de combustibles más grande del país, diciendo que no reabriría el paso hasta que renuncie Henry y los precios de los combustibles y de los productos básicos bajen.
El país más pobre del hemisferio occidental soporta una espiral inflacionaria que afecta enormemente a la gente y agrava las manifestaciones de protesta, que tienen a la sociedad a punto de estallar. Abunda la violencia y los padres tienen miedo de mandar a sus hijos a la escuela. Escasean los combustibles y el agua potable, en tanto que hospitales, bancos y tiendas de comestibles tienen problemas para permanecer abiertas.
El presidente de la vecina República Dominicana describió la situación de Haití como una “guerra civil de baja intensidad”.
La vida en Haití siempre es difícil, por no decir disfuncional. Pero la magnitud de la parálisis actual y de la desesperación no tienen precedentes.
La inestabilidad política se viene cociendo desde el asesinato del presidente haitiano el año pasado, que todavía no fue resuelto. Una inflación del 30% no hace sino agravar las cosas.
“Si no quieren entender, vamos a hacer que comprendan”, afirmó recientemente Pierre Killick Cemelus, sudando mientras trataba de seguir el paso de miles de manifestantes.
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El depósito de gasolina bloqueado por los delincuentes no funciona desde el 12 de septiembre. Tiene unos 40 millones de litros (10 millones de galones) de diésel y gasolina, y más de 3,2 millones de litros (800.000 millones de galones) de kerosene. Muchas gasolineras han cerrado y otras se están quedando rápidamente sin combustibles.
La escasez de combustible obligó hace poco a los hospitales a reducir sus servicios e hizo que cerrasen las empresas que distribuyen agua.
A bancos y tiendas de comestibles les cuesta permanecer abiertos por la falta de combustibles --y los precios exorbitantes--, que hacen casi imposible que los trabajadores se presenten a sus empleos.
El litro de gasolina cuesta casi ocho dólares en el mercado negro de Puerto Príncipe y más de nueve en las zonas rurales. La gente camina kilómetros para conseguir comida y agua porque el transporte público es muy limitado.
“Hay un caos total en Haití”, dijo Alex Dupuy, sociólogo de la Wesleyan University nacido en Haití. “Hay bandas que básicamente hacen lo que quieren, donde quieren y cuando quieren, con total impunidad, porque la policía no está en condiciones de controlarlas”,
Agregó que Haití es “en términos generales una sociedad que no funciona” y que el gobierno de facto de Henry “no parece inquietarse demasiado por el caos y probablemente se beneficie de él porque le permite conservar el poder y prolongar el mayor tiempo posible la organización de nuevas elecciones”.
Las bandas de delincuentes siempre han detentado abundante poder en Haití. Pero tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021, su influencia aumentó.
Luchan por controlar más territorios y mataron a cientos de haitianos, incluidos mujeres y niños, en los últimos meses, desplazando a unas 20.000 personas de sus viviendas. Los secuestros subieron.
Henry se comprometió a llevar a cabo elecciones tan pronto como la situación lo permita. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre, dijo que “no me interesa permanecer en el poder más tiempo del necesario”.
“Mi país atraviesa por una crisis multidimensional, cuyas consecuencias comprometen la democracia y el imperio de la ley”, expresó. Condenó los saqueos generalizados y la violencia, y dijo que los responsables “deberán responder por sus crímenes ante la historia y ante los tribunales”.
Del 200 al 2017, fuerzas de paz de la ONU reforzaron la seguridad del país y ayudaron a reconstruir las instituciones democráticas tras una violenta rebelión en la que fue derrocado el presidente Jean-Bertrand Aristide. Por ahora, no obstante, es impensable una intervención extranjera en Haití. Los políticos locales repudiaron la idea de recibir ayuda de afuera, destacando que elementos de las fuerzas de paz de la ONU abusaron sexualmente de niños y provocaron una epidemia de cólera hace más de una década, que mató a casi 10.000 personas.
La primera tanda de protestas, a mediados de septiembre, hizo que Francia y España cerrasen sus embajadas y que los bancos cerrasen en la capital. Los manifestantes atacaron comercios, las viviendas de políticos conocidos e incluso depósitos del Programa Alimenticio Mundial de la ONU, robándose millones de dólares en comida y agua.
Las protestas se hacen cada vez más grandes. Decenas de miles de personas salieron a las calles en Puerto Príncipe y otras ciudades hace poco, incluidas Gonaives y Cap-Haitien, en el norte. Agitaban ramas verdes y gritaban “Ariel se tiene que ir”.
El maestro de una escuela primaria Jean-Wilson Fabre se unió a una reciente manifestación y tuvo que buscar refugio en una calle lateral para evitar granadas de gas lacrimógeno de la policía.
“No está haciendo nada”, se quejó, aludiendo al primer ministro.
Fabre, quien tiene dos hijos, se lamentó la falta de comida y agua, el aumento de los secuestros y el creciente poder de las bandas de delincuentes. “Nadie está tan loco como para mandar a sus hijos a la escuela en esta situación. No estarán seguros”, afirmó.
El educador es uno de millones de padres que se negaron a enviar a sus hijos de nuevo a la escuela cuando el gobierno anunció el 3 de octubre una reanudación de las clases en un esfuerzo por restaurar una sensación de normalidad en medio de tanta inestabilidad.
Los tribunales haitianos debían reabrir el 3 de octubre, pero el Colegio de Abogados rechazó una invitación del primer ministro para hablar del tema unos días antes, diciendo que las bandas seguían ocupando el principal juzgado de Puerto Príncipe, entre otras cosas.
“Con Ariel, las cosas se están poniendo cada vez peor”, dijo Merlay Saint-Pierre, una mujer desempleada de 28 años, con dos hijos, que participó en las recientes manifestaciones de protesta.
Cientos de personas se pasan horas haciendo cola todos los días para comprar baldes de agua. Los camiones que hacen entregas no pueden ingresar a los barrios porque las calles están bloqueadas.
“Le tengo miedo a esta agua”, dijo Lionel Simon, de 22 años. Indicó que usa el agua para lavar ropa y que le agrega cloro antes de beberla.
Al menos ocho personas fallecieron de cólera en los últimos días y decenas más han sido tratadas, de acuerdo con las autoridades sanitarias, que les pidieron a los manifestantes y a las bandas que permitan la llegada de combustible y agua a los barrios.
A Simon no le preocupa la cólera. Su mayor inquietud son las bandas y un aumento en la cantidad de menores que portan armas.
“No sabemos si la vida volverá a la normalidad”, declaró. “Si te mueres hoy, no sabes si llegarás a la morgue. Puedes quedar tendido en la calle, para que te coman los perros y otros animales. Así de locas son las cosas en esta ciudad hoy”.
Dupuy, el experto en Haití, dijo que es poco probable que Henry renuncie dado que no hay presiones internacionales para que lo haga. Expresó que no hay solución a la vista: “¿Cuánto tiempo más puede resistir este punto de ebullición?”.
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Coto informó desde San Juan (Puerto Rico).
