QUITO (AP) — Las autoridades de Ecuador confirmaron el martes la muerte en una cárcel del capo del narcotráfico Leandro Norero, conocido como “El Patrón” y quien evadió a la justicia peruana fingiendo su muerte durante la pandemia, mientras el número de fallecidos durante el motín en esa prisión ascendió a 16.
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El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad informó que por temas de normativa y protocolos, los detalles del fallecimiento de Norero, de 35 años, se deben entregar directamente a la familia.
Indicó que la cifra de heridos de momento es de 43, dos de ellos en estado crítico y que están siendo atendidos en hospitales de Latacunga, 80 kilómetros al sur de la capital, y sede de la cárcel donde la tarde del lunes y la mañana del martes se registró un motín e incidentes de violencia donde murió el capo de las drogas.
En las afueras de la prisión se ubicaron decenas de familiares de los detenidos que mediante gritos y entre lágrimas intentaban comunicarse con familiares y por momentos lograron superar las vallas colocadas por la policía.
Norero fue detenido en una exclusiva urbanización de Guayaquil a fines de mayo cuando se le decomisaron 42 lingotes de oro, armas, joyas y unos siete millones de dólares en efectivo. Una investigación reveló además que era dueño de al menos siete empresas y de la misma cantidad de lujosos inmuebles, entre otros bienes, con los que se dio tras un seguimiento policial de cerca de un año.
El nombre de Norero prácticamente pasó inadvertido para las autoridades y fuerzas de seguridad hasta inicios del año 2021, cuando la policía ecuatoriana empezó a investigarlo por presuntos nexos y financiamiento a violentas bandas que controlan las prisiones estatales, rutas del narcotráfico internacional y territorio de venta de drogas, como los Tiguerones, Ñetas, Lagartos y Lobos.
También se le vincula con el cartel mexicano de la droga Jalisco Nueva Generación, al que la policía del país andino estima que proveía unas 10 toneladas de cocaína cada mes.
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La justicia también mantenía investigaciones por la venta, con sobreprecios, de insumos médicos por parte de empresas de Norero al Estado durante la pandemia, así como los contratos para obras civiles con municipios de ciudades, especialmente de la zona tropical del país, como Manta, entre otros.
Mientras esperaba su juzgamiento por narcotráfico y lavado de activos en Ecuador estaba recluido en la prisión estatal de Latacunga, donde fue asesinado.
Norero era requerido por la justicia peruana por narcotráfico, a la que logró evadir a mediados de 2020, en los meses más críticos de la pandemia de coronavirus, cuando sus abogados presentaron un certificado de defunción falsificado y fotografías de su muerte, con lo cual logró escapar a Ecuador.
Hacia el mediodía decenas de militares llegaron a esa cárcel para reforzar la seguridad mientras se evacuaba a personal administrativo desde el interior de esa institución.
En las últimas horas se escucharon detonaciones que no se pudo identificar si eran de gases lacrimógenos o disparos, mientras grupos de policías ingresaban al pabellón de mediana seguridad para verificar si había más víctimas de los ataques entre bandas rivales que dejaron hasta ahora 15 muertos, informó el organismo.
Desde hace un par de años las prisiones estatales de Ecuador se han convertido en escenario de sangrientos choques entre grupos rivales de presos ocasionados, según las autoridades, por la disputa de rutas y territorios de distribución de droga.
De acuerdo con cifras del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el año pasado 316 internos murieron asesinados por sus compañeros mientras que en lo que va de este año ha habido 106 víctimas mortales.
La matanza más grave ocurrió en septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, donde 125 presos fueron asesinados. Dos meses más tarde se produjo una nueva masacre en esa prisión, en la que 65 personas perdieron la vida.
El sistema penitenciario de Ecuador está diseñado para albergar a cerca de 30.000 personas, pero hasta el mes pasado había unos 35.000 reclusos en las 53 cárceles estatales del país.
