BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)
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Kokott ha argumentado que es "justificado" y "equitativo" que en las acciones por daños en el ámbito del Derecho de la Competencia "se haga una excepción" al principio de reparto de los costes de un juicio si la desestimación se basa en la dificultad de cuantificar el perjuicio.
Las conclusiones de Kokott, que no son vinculantes para el Tribunal de Justicia europeo aunque la gran mayoría de sentencias dictadas siguen la línea marcada por estos dictámenes, han apuntado que la legislación europea no se opone a una normativa nacional que dispone el reparto de los gastos del juicio por la mitad.
No obstante, la Abogada General ha señalado que en caso de que exista una "excesiva dificultad" de cuantificar los daños y perjuicios del demandante, el demandado tiene que hacerse cargo de los costes del procedimiento o, al menos, de una parte.
En su razonamiento, la alemana ha indicado que si el demandante ve "parcialmente desestimadas sus pretensiones" es razonable que pague sus propios gastos procesales, sin embargo, ha matizado que si la desestimación se atribuye a "la excesiva dificultad estructural" o "incluso la imposibilidad práctica de cuantificar el perjuicio ocasionado" la responsabilidad no será del demandante.
La cuestión viene de un procedimiento entre Ignacio y Tráficos Manuel Ferrer por un lado contra el grupo Daimler (Mercedes-Benz) para el pago de una indemnización por la infracción de normas de competencia en la UE relacionadas con la participación en un cartel de fabricantes de camiones.
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Los demandantes alegan que compraron camiones de las marcas Mercedes-Benz, Renault Trucks e Iveco entre 1997 y 2011 y que, a causa de los acuerdos de precios entre fabricantes, se vieron afectados por sobrecostes en los vehículos.
En este marco, Daimler señaló que algunos de los vehículos a los que se refería la demanda no habían sido fabricados por el grupo, sino por otros fabricantes por lo que alegó que si el proceso no los tenía en cuenta "se estarían vulnerando los derechos de la defensa."
No obstante, el juzgado rechazó la intervención de Renault Trucks e Iveco, indicando que no concurrían los requisitos legales para tal intervención, por lo que el procedimiento prosiguió solamente contra Daimler.
