MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
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Según la organización, los talibán "han hecho poco" para proteger a estas comunidades de "los atentados suicidas y otros ataques ilegales" o para proporcionar la atención médica necesaria y otro tipo de asistencia a las víctimas y sus familias.
"Desde que los talibán se apoderaron de Afganistán en agosto de 2021, la filial de Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de 13 ataques contra hazaras y se ha relacionado con al menos 3 más, matando e hiriendo a al menos 700 personas", ha detallado la ONG en un comunicado.
"La creciente represión de los talibán contra los medios de comunicación, especialmente en las provincias, indica que es probable que no se hayan denunciado todos los ataques. La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha informado de que los recientes ataques del grupo contra las reuniones chiítas en Kabul mataron e hirieron a más de 120 personas", ha añadido.
La investigadora de Afganistán de Human Rights Watch, Fereshta Abbasi, ha asegurado que los talibán tienen la obligación de proteger a dichas comunidades y ha instado a ayudar a las víctimas y a sus familias de los ataques.
Los hazara son un grupo étnico predominantemente musulmán chiíta que se ha enfrentado a la discriminación y el abuso por parte de los sucesivos Gobiernos afganos durante más de un siglo. Durante la década de 1990, las fuerzas talibán atacaron a los chiítas para cometer asesinatos en masa y otros abusos graves, según HRW.
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"Con los talibán de vuelta en el poder, los hazara están cada vez más preocupados por su seguridad y por si las nuevas autoridades los protegerán", ha aseverado Abbasi.
En octubre de 2021, el portavoz del Ministerio del Interior talibán, Saeed Khosty, dijo que garantizarían la seguridad de las minorías religiosas: "Como Gobierno responsable, somos responsables de proteger a todos los ciudadanos de Afganistán, especialmente a las minorías religiosas del país". Algo que sin embargo no parecen haber cumplido.
El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Afganistán, Richard Bennett, pidió el 26 de mayo que se investigasen los ataques a las comunidades hazara, chiíta y sufí, ya que es estaban volviendo "cada vez más sistemáticos en su naturaleza y reflejando elementos de una política organizacional".
Los ataques, más allá de su devastación inmediata, tienen un costo terrible a largo plazo para los sobrevivientes y las familias de las víctimas, privándolos de un sustento familiar, a menudo imponiendo graves cargas médicas y restringiendo su acceso a la vida diaria.
"Ya no enviamos a nuestros hijos a la escuela y cerramos nuestras tiendas temprano", dijo a HRW un hombre que perdió a su hermano de 45 años en un ataque a la mezquita de She Dokan. "La mezquita también ha estado cerrada desde el ataque", dijo.
Para las mujeres, perder a un miembro masculino de la familia tiene consecuencias sociales y económicas particularmente nefastas, especialmente para las mujeres jóvenes que enviudan repentinamente, ya que las restricciones impuestas por los talibán a los derechos de las mujeres han hecho que a algunas mujeres les resulte imposible ganarse la vida y alcanzar la independencia financiera.
"Los ataques contra hazara y otras minorías religiosas por parte de Estado Islámico de la provincia de Jorasán violan los Derechos Internacionales (...) Los ataques deliberados contra civiles son crímenes de guerra. Más allá de la pérdida inmediata de vidas, tales ataques causan dificultades económicas a largo plazo, provocan daños duraderos a la salud física y mental y generan nuevas barreras para la educación y la vida pública", ha espetado HRW en la misiva.
"Es posible que algún día los líderes de los grupos armados se enfrenten a la justicia por sus atrocidades contra los hazaras y otras comunidades", ha añadido por su parte Abbasi. "Los funcionarios talibán que no toman medidas para proteger a las minorías religiosas de los ataques pueden ser cómplices de estos graves crímenes", ha añadido.
