MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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"Hacemos una valoración positiva", ha señalado a Europa Press la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro. "Supone la superación de algunas cuestiones conflictivas de la anterior regulación como la supresión del periodo de reflexión de tres días, la entrega obligatoria del sobre informativo de ayudas a la maternidad y muy especialmente la supresión de la necesidad del permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años", ha apuntado.
Además, considera "imprescindibles" dos de las medidas incluidas en el texto, como "el establecimiento del ejercicio del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la sanidad pública" y" también la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios".
En este sentido, ha explicado que, "en algunos lugares" esta situación "estaba siendo una auténtica barrera para poder hacer efectivo este derecho".
UNA "HIPOCRESÍA"
A pesar de estos puntos destacados, Besteiro cree que se debería aprovechar la oportunidad que supone la reforma de esta norma para "sancionar" a quienes acudan a la gestación subrogada, así como "derogar la instrucción del Registro civil que permite inscribir en España a los bebés" que nace de esta práctica que, a su juicio, "es una forma de explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres y de compra y venta de niños y niñas".
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De forma similar se ha expresado la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Esta entidad ha destacado el avance en derechos de la mujer que supone la reforma de la ley, pero califica de "hipocresía" que se prohíba "la publicidad de los vientres de alquiler" y, al tiempo, se permita que "quienes alquilan mujeres en el extranjero puedan inscribir aquí a los bebés".
"En tanto no se anule la instrucción de 2010 que permite inscribir en España a esos bebés, no habrá una voluntad real de poner fin a una práctica que no es sino explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres", ha explicado la Alianza.
Entre otras carencias señaladas en relación a esta norma, la entidad también ha indicado que "no queda claro si las mujeres van a poder elegir el método para abortar" (farmacológico o quirúrgico) y, de hecho, considera que "hay un especial interés en establecer como prioritario el método farmacológico por ser más económico y no precisar de la especialización profesional" de la que, según ha señalado, "en estos momentos carecen muchos hospitales públicos".
Del mismo modo, la Alianza denuncia que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "aprovecha torticeramente" esta norma para "introducir el concepto misógino y acientífico de la identidad de género", con términos como "personas con capacidad de gestar" o la introducción de estos conceptos en la educación sexual de los niños y adolescentes.
