CHICAGO (AP) — La intermediaria de datos LexisNexis Risk Solutions presuntamente violó la ley de Illinois al recolectar y combinar amplia información personal y venderla a terceros, incluso a las autoridades federales de inmigración, de acuerdo con una demanda presentada el martes por activistas.
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El resultado es una “amenaza grave a las libertades civiles”, dijeron los activistas y dos grupos de defensa de los inmigrantes. La demanda le pide a un juez del condado de Cook que prevenga que la empresa venda información personal sin consentimiento de los involucrados.
La querella apunta además que el producto de LexisNexis Risk, Accurint, que es vendido a agencias del orden, incorpora información que no está disponible públicamente, incluso registros de arrestos, documentos de colisiones vehiculares y bases de datos de matrículas de vehículos.
Un representante de LexisNexis Risk Solutions no respondió de momento a un pedido de comentarios poco después de la presentación de la demanda.
Los activistas de inmigración han alertado de la existencia de un contrato de 22 millones de dólares entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y LexisNexis para ese producto, según los resultados de una solicitud de acceso bajo la ley de libertad de información. Argumentan que el contrato representa una amenaza especial para los activistas y los inmigrantes.
Sejal Zota, directora legal de Just Futures Law y abogada participante en la demanda, dijo que el corredor de datos hace posible que el ICE “acceda inmediatamente a información personal delicada: todo ello sin órdenes judiciales, citaciones, salvaguardas de privacidad o cualquier muestra de razonabilidad”.
“Nuestros demandantes ven esta presunta violación de su privacidad como deshumanizante e inaceptable”, agregó.
En el caso de una mujer, la información disponible a través de Accurint incluye sus direcciones pasada y actual, números telefónicos, fecha de nacimiento y un número incorrecto del Seguro Social, según la demanda. Los reportes detallados sobre otras dos mujeres participantes en el caso incluyeron números completos del Seguro Social.
