MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
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En concreto, el general Tin Soe, que tenía su base en el cuartel general del Comando Oriental del país, era el responsable de supervisar las operaciones en los estados del sur de Shan y Karenni y cuyas fuerzas han sido responsables de una masacre de civiles y otras atrocidades, según ha detallado la ONG en un comunicado.
"Como país que quiere ser reconocido por promover los Derechos Humanos, Japón debería defender los derechos del pueblo de Birmania y cortar los lazos de Defensa con la junta", ha dicho el oficial del programa de Asia de HRW, Teppei Kasai.
"Los graduados de Birmania del programa de entrenamiento militar de Japón están sirviendo en áreas de conflicto donde los abusos militares birmanos son rampantes", ha añadido.
"El Gobierno japonés debería dejar de jugar con fuego y poner fin de inmediato a su apoyo al Ejército de Birmania", ha agregado Teppei, detallando que el general recibió la captación desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017.
Tin Soe se desempeñó como agregado militar de la Embajada de Birmania en Tokio de 2019 a 2021, según una fuente con conocimiento directo del asunto e informes de los medios estatales.
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Tin Soe dejó Japón después del golpe militar de febrero de 2021 en Birmania y fue nombrado general de brigada. Más tarde, fue enviado a la sede del Comando Oriental en Taunggyi, en el estado de Shan, para ser trasladado a la capital, Naipyidó, en julio de 2022.
Según la ONG, el 24 de diciembre de 2021, las fuerzas de seguridad ejecutaron sumariamente a al menos a 39 personas, incluidos 4 niños y 2 miembros del personal del grupo de ayuda internacional Save the Children.
Testigos han afirmado ante Human Rights Watch que muchas de las víctimas estaban atadas, amordazadas y mostraban signos de tortura, y algunas incluso podrían haber sido quemadas vivas. "Es una de las cosas más impactantes y deprimentes que he experimentado", ha expresado a HRW un médico que realizó las autopsias de las víctimas.
Asimismo, se han denunciado otros abusos contra civiles en operaciones militares contra grupos armados antijunta y fuerzas étnicas en el estado de Karenni.
Desde 2015, el Gobierno japonés ha aceptado cadetes y oficiales de Birmania en virtud del artículo 100 de la Ley de Fuerzas de Autodefensa, que permite entrenar y educar a ciudadanos extranjeros en las instalaciones del Ministerio de Defensa con la aprobación del ministro de Defensa. En 2021, tras el golpe de Birmania, Japón aceptó dos cadetes y dos oficiales del país. En 2022, Japón volvió a aceptar dos cadetes y dos oficiales de Birmania para su formación.
Anteriormente, la ONG ya le ha pedido al Ejecutivo japonés la suspensión inmediata de tal programa visto "el riesgo de convertir a Japón en cómplice de atrocidades militares".
"Cuanto más tiempo siga el Gobierno japonés entrenando a los soldados y oficiales de Birmania, más daño hará a su propia reputación internacional, así como a la vida del pueblo", ha explicado Kasai en la misiva.