CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que ordena a Guatemala adoptar medidas urgentes para proteger la vida del juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, quien ha denunciado amenazas a su integridad y criminalización del sistema de justicia en el país centroamericano por sus fallos contra la corrupción y crímenes de guerra.
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En su fallo de la víspera, la Corte IDH recuerda que los estados deben facilitar los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia de hostigamientos que tengan como fin entorpecer los procesos judiciales, pues -asegura— que ello se convierte en medios para perpetuar la impunidad e impedir conocer la verdad.
Gálvez denunció amenazas, hostigamiento, vigilancia y seguimiento de vehículos sin placas con el fin de amedrentarlo. A pesar de las denuncias, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nunca denunció los hechos ante la fiscalía.
El acoso contra Gálvez recrudeció según el juez luego de que en mayo envió a juicio a nueve policías y militares y procesó a un particular por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y asesinatos dentro del caso llamado “Diario Militar”, un dossier donde se documentó cientos de asesinatos.
El “Diario Militar” fue hallado en 1999 y entregado al Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, para su resguardo.
En su fallo, el juez Gálvez leyó parte de los testimonios de víctimas que relataron torturas y ejecuciones, incluso de niños. "Los subían a vuelos y los aventaban en el océano para eliminar la evidencia de las torturas”, señaló el magistrado, que enumeró los tormentos —arrancar las uñas o la lengua, violaciones y electrocuciones en testiculos— cometidas presuntamente por órdenes de los acusados.
Gálvez es reconocido por haber sentado en el banquillo de los acusados al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio y al expresidente, el general Otto Pérez Molina, quien en 2015 tuvo que renunciar al cargo por acusaciones de corrupción.
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Las medidas urgentes decretadas por la Corte IDH fueron a solicitud de familiares de víctimas del caso Diario Militar, el mismo que fue conocido por la Corte Interamericana donde ordenó al Estado guatemalteco investigar, juzgar y castigar a los responsables de los delitos cometidos.
El Estado guatemalteco, por su parte, dijo a la Corte Interamericana que el juez ya gozaba de la protección del estado, por lo que no eran necesarias nuevas medidas, al tiempo en que indicó que no han logrado probar ninguna amenaza de gravedad. “Es hipotética y una mera suposición sin fundamento”, señaló.
En junio, la CSJ dio trámite expedito a una denuncia contra Galvez presentada por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de una fundación de extrema derecha que se opone a que militares sean juzgados por crímenes de guerra y quien también ha amenazado públicamente al juez. La CSJ nombró un investigador para que viera la denuncia que pide que se le retire la inmunidad a Gálvez.
En sus observaciones incluidas en el fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que los fallos del juez han permitido el avance en la investigación del caso Diario Militar, por lo que es relevante que "el Estado permita que el juez pueda realizar sus labores con las garantías propias de seguridad y de independencia judicial”.
Guatemala es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1987.
En un año, más de 20 fiscales y jueces guatemaltecos se han autoexiliado denunciando persecución por su trabajo, según organizaciones de derechos humanos.
