MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
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La Abogacía del Estado ha solicitado al juez de Zaragoza encargado de instruir el 'caso Ghali', Rafael Lasala, que revoque su decisión de continuar seis meses más la investigación por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en abril de 2021. A su modo de ver, prorrogar las pesquisas causará una "manifiesta indefensión" a su representada, la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, pues la Audiencia Provincial de Zaragoza decidió archivar provisionalmente el caso para ella.
En un escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía afirma que seguir con las pesquisas por prevaricación deja desprotegida a la exministra y, de igual modo, al que fue su jefe de gabinete, Camilo Villarino, otro de sus representados. Fuentes jurídicas señalan a esta agencia de noticias que el juez Lasala todavía no ha resuelto sobre este recurso contra la prórroga.
En junio, el juez Lasala acordó prorrogar la investigación medio año y tras el archivo de la Audiencia de Zaragoza para la exministra de los delitos de prevaricación y encubrimiento en la llegada del político saharaui el 18 de abril de 2021 para ser tratado de coronavirus en el Hospital San Pedro de Logroño (La Rioja).
La Abogacía no entiende por qué el instructor ha optado por prorrogar la investigación --que abarca, entre otros, la prevaricación-- sin que Laya y Villarino sigan imputados. A su juicio, supone no solo "desatender" a la Audiencia Provincial, "sino además hacer de peor condición a quien ha obtenido el sobreseimiento provisional frente a quien ostente el carácter de investigado".
Continuar con "la presente investigación por prevaricación produce una manifiesta indefensión respecto de mis representados, que, habiendo obtenido un pronunciamiento favorable de sobreseimiento, es decir, no ostentando ya la condición de investigado en el procedimiento, el instructor continuará investigando este delito sin la presencia de su defensa", sostiene.
Y, subsidiariamente, los servicios jurídicos del Estado ven "falta de motivación" en la medida acordada por el juez Lasala, que --a su juicio-- no ha justificado la necesidad de la prórroga ni "mucho menos tan extensa duración", para lo que añade que la acusación popular sí había solicitado más plazo, pero de dos meses.
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Por último, la Abogacía del Estado se centra en el delito de falsedad, al que se agarró el juez para seguir con la instrucción. Asegura que "también carece de justificación", porque Lasala "ha perdido la competencia" y correspondería a los juzgados de Logroño. Si aparecieran "nuevos indicios", "nunca podrían ser en la instrucción de este procedimiento, sino en otros ámbitos", agrega.
La Abogacía reconoce en su recurso que el carpetazo provisional carece de la "fuerza de cosa juzgada" al no ser definitivo, pero apunta al juez que tiene "la obligación de mantener paralizada la causa hasta que no aparezcan datos o informaciones nuevas".
HECHO NUEVO
Por su parte, la acusación popular ejercida por el abogado Antonio Urdiales ha pedido al juez que cite de nuevo como investigada a la exministra por encubrimiento, a raíz de unas declaraciones de Laya al día siguiente de que la Audiencia de Zaragoza archivara el caso, cuando dijo no arrepentirse de lo que hizo porque Ghali era un "ciudadano español" que "necesitaba ayuda".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado señala que Laya pudo saber que Ghali era "súbdito español" mediante un informe que la Comisaría General de Información envió al juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz el 18 de marzo de 2021, justo un mes antes de la llegada a España del líder del Frente Polisario. Además de su nacionalidad, en dicha documentación constaban varias causas judiciales abiertas contra él en la AN.
Las declaraciones de Laya suponen, para la acusación popular, un "hecho nuevo" que precisa levantar el archivo acordado, "para que tanto ella como el periodista que publicó sus declaraciones presten declaración" a fin de que la exministra aclare "cómo y cuándo" supo que Ghali era un ciudadano español que requería la ayuda de España.
Y como la investigación tuvo su origen también por encubrimiento y falsedad documental, la acusación incide en que, pese a que Laya y su entonces jefe de gabinete, Camilo Villarino, no fueron imputados por falsedad, ello "no elimina el deber de investigar": "Aquí se investigan hechos y los hechos nos obligan a seguir investigando".
Al acordar esa prórroga de seis meses, el juez decidió enfocar la investigación hacia el pasaporte falso que se empleó para identificar al líder del Frente Polisario a su llegada al hospital.
El juez Lasala estimó pertinente seguir con la línea de investigación sobre el presunto delito de falsedad documental toda vez que Gahli fue identificado en el hospital logroñés con un pasaporte argelino bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.
Ante esta decisión, la acusación popular considera que "lo relevante" ahora, desde el punto de vista penal, es el pasaporte a nombre de Benbatouche, "cuya fotocopia se encontró en el Hospital San Pedro y cuyo original sólo Dios sabe dónde se encuentra".
La acusación, por tanto, solicita al juez que desestime el recurso de reforma planteado por la Abogacía en defensa de Laya y, por ende, le tome declaración a la exministra como imputada.
EL ARCHIVO PARA LAYA
En mayo, la Audiencia Provincial de Zaragoza ordenó el archivo del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 7 zaragozano contra la exministra de Asuntos Exteriores al no ver indicios de delito en su actuación en el marco de la entrada de Ghali en España, que tuvo lugar la noche del 18 de abril de 2021 y se produjo sin pasar controles de frontera ni documentación de cara a ser trasladado a un hospital para ser atendido por coronavirus.
"Si bien es innegable que la Sra. González Laya era conocedora de la intención de que el Sr. Ghali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona", concluyó.
La Audiencia Provincial corregía así al juez Lasala, partidario de seguir investigando a Laya. Revocaba la resolución y declaraba el sobreseimiento de las actuaciones, "sin perjuicio de su reapertura para el caso de que resultasen nuevos indicios" en su contra.
