La Asamblea Nacional de Ecuador suspendió temporalmente la madrugada del domingo una sesión en la que se debatía un pedido de destitución del presidente, Guillermo Lasso, tras 14 días de protestas y paro indígena.
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El presidente de la cámara, Virgilio Saquicela, declaró un receso en las deliberaciones tras casi ocho horas de sesión. El Ejecutivo puso fin al estado de excepción declarado en seis provincias del país cuando comenzaba el debate parlamentario tras un acercamiento con los inconformes.
El parlamento tenía previsto reanudar el debate en la tarde del domingo para que intervinieran otros 40 asambleístas que lo habían solicitado. Se requieren 92 votos para destituir al presidente, en un proceso iniciado por el bloque de oposición Unión por la esperanza (Unes) según el artículo 130 de la Constitución.
La sesión inició en medio de un sorpresivo anuncio del asesor jurídico de la presidencia de la República, Fabián Pozo, quien, durante su intervención en delegación del primer mandatario, anunció la derogación del decreto 459 y dio por terminado el estado de excepción que argumentó una “grave conmoción interna”.
La medida fue asumida como una estrategia política del régimen, ya que las pruebas presentadas por el movimiento Unes para sustentar su pedido de destitución presidencial fueron los decretos ejecutivos 455 y 459, ambos insubsistentes.
“No pretendan que se están burlando de la Asamblea Nacional, se están burlando del pueblo ecuatoriano con sus decretos de último momento”, dijo Johana Moreira, de la Izquierda Democrática, quien conminó al presidente Lasso a emitir un decreto que responda a las demandas del sector indígena.
En su turno, la asambleísta del movimiento político Pachakutik, Guadalupe Llori, rechazó el pedido de destitución, pero conminó al mandatario a que “acepte bajar el precio de los combustibles”, tal como solicitan las organizaciones indígenas y sociales.
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“La democracia es grande cuando se gobierna para todos, si no se gobierna para todos, la democracia no funciona. Presidente, rectifique (…) los hombres grandes aprenden escuchar”, dijo el asambleísta del derechista Partido Social Cristiano.
En tanto, mediante un comunicado oficial, la presidencia aseguró que con la terminación del estado de excepción se “ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz, en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades”.
Resistencia a acuerdos entre gobierno y sectores sociales
Aunque hubo un primer acercamiento entre el gobierno y la mayor organización indígena del Ecuador con vistas a entablar un diálogo luego de 14 días del paro nacional, el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dijo la noche del sábado que el paro continuará hasta alcanzar los 10 puntos de su pliego de peticiones.
“No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la CONAIE (…) de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo”, aseguró Saquicela, promotor del encuentro. Para ello, “hemos pedido que se bajen las tensiones, que se bajen los enfrentamientos mientras se da este diálogo y se encuentra una solución”, acotó.
En la Universidad Central, en el centro norte de la capital, el presidente de CONAIE, Leonidas Iza, dijo el sábado que “la lucha es de resistencia”. “En lugar de meternos más miedo, más bien nos han levantado la rebeldía, la dignidad”, sentenció.
En las inmediaciones del parque El Arbolito, los manifestantes se congregaron a la espera de lo que sucedería en el hemiciclo legislativo.
La Organización de las Naciones instó en un comunicado a todos los actores políticos y sociales de Ecuador a “iniciar de forma urgente un diálogo significativo y de buena fe”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió también un diálogo inclusivo “atendiendo las demandas de grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad y con pleno respeto a los derechos humanos”, mientras la organización civil Alianza por los derechos humanos realizará una observación de la situación para exigir “se garantice el derecho a la vida, la libre protesta y todos los derechos sociales”.
Hasta el momento, la Policía Nacional ha reconocido cuatro fallecidos y centenares de heridos tanto de manifestantes como policías y militares.
Lasso, un exbanquero de derecha, lleva poco más de un año en el poder tras derrotar al candidato del correísmo Andrés Arauz en 2021.
