MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), convocante del paro indefinido que afecta a Ecuador desde hace trece días, han anunciado la apertura corredores humanitarios para permitir que los víveres lleguen a los barrios de la capital, Quito, bloqueada por las protestas.
El líder de CONAIE, Leónidas Iza, ha explicado que se han percatado de que las ciudades se están quedando desabastecidas, por lo que dejarán paso para que los productos del campo lleguen a la capital. "Que venga esa papa, esa leche, cebolla, lechuga, pero vamos a sostener la lucha", ha explicado en declaraciones recogidas por el diario 'El Universo'.
Iza ha indicado que aprovecharán la jornada del sábado para descansar, limpiar y alimentarse, pero ha subrayado que "no podemos perder el horizonte". Así, ha denunciado el "ataque brutal" con el que las fuerzas de seguridad desalojaron la Casa de la Cultura de Quito. "Compañeros somos pacíficos, pero cuando agreden con la violencia defendemos con la dignidad", ha advertido.
"Ayer se dijo que no somos personas de diálogo, que hay un problema de una persona que ha descontrolado todo. Nos sentimos burlados en esos diálogos, para nuestros taitas palabra dicha, palabra hecha. Pero cuando ponen un diálogo y se ha convertido en instrumento de burla, ahí reaccionamos", ha apuntado.
"No nos sigan metiendo miedo. La lucha es de resistencia. No hemos venido al vandalismo. No podemos enfrentarnos entre hermanos", ha argumentado. "Este pueblo siempre garantiza el diálogo, que siempre sea respetado, escuchado", ha asegurado.
Además, Iza ha advertido de que en el "uso progresivo de la fuerza" anunciado por las autoridades "seguramente llegarán a armas letales". "Pero aquí el pueblo no viene a morir. Venimos con una propuesta y eso debe devolver al pueblo", ha argumentado.
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LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO
Mientras, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en América del Sur ha emplazado a todos los actores políticos y sociales de Ecuador a "iniciar de forma urgente un diálogo significativo y de buena fe".
"Todas las partes deben redoblar sus esfuerzos para encontrar vías de diálogo efectivo que ponga fin a la violencia", ha planteado el jefe de la Oficina para América del Sur, Jan Jarab.
Al menos cuatro personas han fallecido y un centenar han resultado heridas en las protestas y se ha informado de formas indebidas del uso de armas y munición menos letal por parte de las fuerzas de seguridad y también de acciones violentas de manifestantes.
Jarab ha pedido una "investigación pronta y exhaustiva" de estos graves hechos y ha recordado que las fuerzas de seguridad deben respetar "los principios de necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas".
En particular, el uso de gases lacrimógenos debe ser excepcional y solo si es estrictamente necesario, a distancia de los centros de educación y salud. "Los agentes del Estado deben actuar con apego irrestricto a las normas internacionales de derechos humanos", ha destacado.
Además, han recibido informaciones "inquietantes" sobre ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, comunicadores, personal médico e instalaciones de salud. "Rechazamos enérgicamente todos los actos de violencia cometidos por particulares. Al mismo tiempo, instamos a las autoridades a realizar la debida distinción entre manifestantes pacíficos y grupos o individuos que recurren a la violencia", ha planteado.
Por otra parte, los relatores especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación de la ONU han manifestado su preocupación por la situación y en particular por la detención de más de 80 personas, incluido el presidente de CONAIE, Leonidas Iza, más tarde puesto en libertad.
Los relatores especiales han emplazado al Estado a informar de cómo está garantizando el debido proceso de las privaciones a la libertad y explicacoines sobre la base legal que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y la Fuerzas Armadas.
Además, han pedido información sobre cuáles son las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para garantizar los derechos humanos en el marco del estado de excepción.
