WASHINGTON (AP) — Los negociadores del Senado alcanzaron el martes un acuerdo en un proyecto de ley bipartidista sobre la violencia armada, lo que podría allanar el camino para que el fin de semana se apruebe el paquete gradual pero histórico con el que el Congreso de Estados Unidos respondería a los tiroteos masivos en Texas y Nueva York que conmocionaron a la nación.
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Los legisladores hicieron público el proyecto de ley de 80 páginas a nueve días de acordar un marco para el plan y 29 años después de la última vez que el Congreso promulgó restricciones importantes a las armas de fuego. La norma superó un obstáculo de procedimiento por 64 votos frente a 34, con 14 republicanos votando sí junto a los 48 demócratas y dos aliados independientes. Esto respalda la predicción del líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, de Nueva York, de que se aprobará a finales de semana. El trámite en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, podría ser rápido.
Aunque los republicanos bloquearon las restricciones más duras propuestas por los demócratas, el acuerdo supone un avance en un año electoral y en una cuestión que enfrenta a los votantes republicanos, por lo general propietarios de armas de fuego y de zonas rurales, y a los demócratas, más urbanos y partidarios de los límites. Esto hace que el asunto sea uno de los más incendiarios en política y una votación delicada para algunos legisladores, especialmente republicanos, que podrían alienar a los más incondicionales de la Segunda Enmienda.
La legislación endurecerá los controles de antecedentes para los compradores de armas más jóvenes, exigirá que más compradores realicen estas comprobaciones y aumentará las sanciones a los traficantes de armas. Además, financiará iniciativas de seguridad escolar y salud mental en estados y comunidades.
Los asesores estiman que la medida tendrá un costo anual próximo a los 150.000 millones de dólares, que, según el senador Chris Murphy de Connecticut, que fue el jefe negociador demócrata, se financiará en su totalidad.
Para resolver el último obstáculo que retrasó el acuerdo, el texto prohibirá que las parejas sentimentales condenadas por violencia doméstica y no casadas con sus víctimas puedan adquirir armas de fuego. Esto ya ocurre en el caso de maltratadores condenados que están casados, conviven o tienen hijos con sus víctimas.
El compromiso veta la posesión de armas de fuego a una persona que tenga “una relación de pareja actual o reciente con la víctima", es decir, ”que tengan o hayan tenido recientemente una relación seria y continuada de naturaleza romántica o íntima". La capacidad del infractor para poseer un arma podría restablecerse en el plazo de cinco años si no ha cometido otro delito grave.
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En otra disputa de última hora, el proyecto de ley proporcionaría 750 millones de dólares a los 19 estados y al Distrito de Columbia que tienen leyes de “bandera roja” que facilitan la retirada temporal de armas de fuego a personas consideradas peligrosas, y a otros estados con programas de prevención de la violencia. Los estados con leyes de “bandera roja” que reciban los fondos tendrán que contar con procesos legales para que el propietario del arma pueda luchar contra su retirada.
La voluntad del Congreso para legislar sobre las armas suele disminuir rápidamente tras los tiroteos masivos. Está previsto que los legisladores inicien a finales de semana un receso de dos semanas por la festividad del 4 de julio.
