CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez es reconocido por haber sentado en el banquillo de los acusados a militares acusados de crímenes de guerra o a empresarios, funcionarios y jueces acusados de corrupción.
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Gálvez se sienta por horas explicando en las audiencias donde participa los motivos de sus fallos, diciendo siempre a los acusados o señalados que no importa cuánto tarde en explicar, quiere que entiendan bien por qué se les acusa de uno u otro delito.
Pero ahora Gálvez enfrenta cuatro solicitudes de retiro de su inmunidad —una ya en trámite— en un intento de sus adversarios, según el magistrado, de dejarlo fuera del sistema de justicia del país.
El juez dijo el martes a The Associated Press que ahora le tocará a él explicarle sus fallos a la magistrada Zonia Santizo, designada por la Corte Suprema de Justicia para investigarlo por una denuncia que ya se tramita en su contra y decidir si le retiran o no la inmunidad.
El juez fue denunciado por Ricardo Rafael Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), un activista de ultraderecha sancionado en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron actos de violencia, acoso e intimidación a investigadores de casos de corrupción.
Mendez acusa al juez de tardanza en aplicación de prisión provisional a acusados de delitos, y utilizó el llamado Cooptación del Estado para argumentar que el juez se habría excedido en los plazos de prisión a dos procesados. Méndez no es parte de ese proceso.
En el caso Cooptación del Estado está acusado el expresidente Otto Pérez Molina y varios exfuncionarios de su gabinete de gobierno por integrar una estructura que tenía cooptadas instituciones del gobierno con las que supuestamente se adjudicaban obras públicas, se obtenían sobornos que luego lavaban para financiar a su partido político.
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Gálvez sentó en el banquillo de los acusados al exdictador José Efraín Ríos Montt, quien fue llevado a juicio por genocidio por la muerte de 1.771 indígenas ixiles durante el conflicto armado interno en el país, entre 1960-1996 y después se le sentenció a 80 años de prisión. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio. El exdictador murió en 2018 sin ser juzgado.
El juez también llevó a juicio al general Pérez Molina, quien tuvo que renunciar a la presidencia de Guatemala en 2015 por acusaciones de corrupción.
Pero el caso que activistas de derechos humanos creen que detonó la venganza contra el juez es el conocido como “Diario Militar”, uno de los más emblemáticos de la guerra civil de Guatemala. Se trata de un informe en el que exintegrantes de las fuerzas armadas documentaron las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de 183 personas durante la década de 1980.
A inicios de junio Gálvez envió a juicio a diez expolicías y militares investigados por la muerte, tortura, desaparición forzada y ejecución de 21 personas de las 183 que sufrieron esos vejámenes.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei más de 20 fiscales y jueces han abandonado el país y se han autoexiliado, mayormente en Estados Unidos, alegando persecución por su trabajo.
