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La organización de pueblos indígenas más importante de Ecuador ha impulsado un paro en el país, en demanda de que el gobierno del presidente Guillermo Lasso baje y congele los precios de los combustibles, establezca un control de precios, además de que mejore la cobertura de la salud y la educación.
Las protestas a raíz del llamado al paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) han tomado fuerza después de la detención y puesta en libertad con condiciones de su principal dirigente, Leónidas Iza.
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La población indígena, cuya mayoría vive en los altos de la región andina, constituye un sector tradicionalmente relegado y poco atendido por los gobiernos de turno, lo que la ha empujado a realizar protestas en diversos momentos y que han logrado poner en jaque a las autoridades.
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La mayor protesta anterior en Ecuador ocurrió a finales de 2019, y al igual que en la presente la figura de Iza se ha hecho presente. A continuación un vistazo a lo que sucede actualmente:
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El líder de las protestas
Iza, de 40 años, es un líder indígena en el centro andino ecuatoriano que cobró importancia nacional durante las violentas protestas de octubre del 2019 en contra de un decreto presidencial que eliminaba parte de los subsidios a los combustibles y que pusieron en jaque al entonces mandatario Lenín Moreno (2017-2021).
Iza llegó a la presidencia de la CONAIE en junio del año pasado. En su libro “Estallido” se identifica como un líder radical de izquierda y enarbola la lucha e incluso el estallido social como mecanismo para lograr los objetivos de esa organización. Él estaba siendo procesado judicialmente por los daños ocasionados durante las protestas del 2019, pero junto a decenas de manifestantes recibió amnistía de la Asamblea en febrero.
“Es un dirigente que está actuando en una coyuntura histórica para exigir reivindicaciones sociales (y) ya no sólo reivindicaciones indígenas”, dijo a The Associated Press el analista y profesor de la Universidad Andina, Hernán Reyes.
Iza fue detenido el martes por instigar las actuales protestas, pero fue liberado un día más tarde por la justicia, aunque deberá enfrentar un proceso por el presunto delito de paralización de servicio público.
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¿Qué demandan los indígenas?
La CONAIE ha presentado 10 exigencias que, según han dicho, no son negociables. Entre ellas están el de bajar y luego congelar el precio de los combustibles. El galón de gasolina extra —la más común— cuesta 2.55 dólares el galón y los indígenas piden que baje a 2.10 dólares. Además, exigen precios más bajos para agricultores, campesinos, transportistas y pescadores.
Piden una moratoria, renegociación de deudas y reducción de las tasas de interés en el sistema financiero privado y que evite que se embarguen bienes o propiedades por falta de pago de las deudas. Además, precios “justos” en los productos agrícolas; políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular.
No ampliar la frontera extractiva, minera y petrolífera, en un país donde el principal producto de exportación es el petróleo. No privatización de los sectores estratégicos, políticas de control de precios y la no especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, así como un mayor presupuesto para la salud y educación.
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¿Qué dice el gobierno?
El gobierno ha mantenido una invitación permanente al diálogo, aunque sin dar pasos efectivos para construir un real acercamiento. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo a mitad de semana que se ha ofrecido al gobierno una mediación para buscar caminos de salida al impasse con los indígenas y que se ha aceptado de inmediato. No identificó a los eventuales mediadores.
Lasso, un exbanquero de derecha, llegó al poder en mayo del 2021 y según ha dicho durante su primer año de gestión, se ha enfocado en poner en orden las desbalanceadas cuentas fiscales, que entre otras cosas exhibían un déficit fiscal de 7 mil millones de dólares, con consecuencias como el retraso del pago de salarios de empleados públicos, proveedores estatales y paralización de la obra pública.
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¿Por qué protestaban los indígenas en 2019?
Las dos primeras semanas de octubre de ese año, los indígenas lideraron una violenta protesta, que llevó al incendio del edificio de la Contraloría General del Estado, el saqueo de comercios cercanos y la toma momentánea de la Asamblea, en protesta contra la eliminación parcial del subsidio de la gasolina.
Las protestas terminaron con la mediación de la iglesia y las universidades. El gobierno accedió a la eliminación de subir el precio de la gasolina y prometió instalar mesas de diálogo, que con el tiempo no condujeron a mayores acuerdos.
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¿Qué impacto y posible solución tiene el actual paro indígena?
Entre las primeras consecuencias de las protestas están pérdidas acumuladas por 30 millones de dólares en esta semana, el aumento de la calificación de riesgo país, que fija el interés al que los organismos internacionales entregan créditos a Ecuador, según autoridades y expertos.
La CONAIE se ha negado a dialogar aduciendo que lleva un año sin respuestas a sus demandas, mientras el gobierno mantiene una posición abierta. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha señalado que si los indígenas quieren dialogar que vayan al palacio de Carondelet, sede del gobierno.
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Uno de los principales elementos que impediría el cumplimiento de las demandas es que el Estado ecuatoriano se encuentra sobre endeudado —debe unos 60 mil millones de dólares— tiene un déficit fiscal de 3 mil millones y no cuenta con liquidez en la caja fiscal como para afrontar nuevos gastos, base para cumplir las peticiones de la CONAIE, según el gobierno y analistas.
Otro de los pedidos parece contraponerse entre sí: por un lado, piden fijar precios para los productos agrícolas y, por el otro, señalan que se debe controlar el precio de la canasta básica de alimentos.
