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JERUSALÉN (AP) — El gobierno de Israel no consiguió aprobar el lunes un proyecto de ley que prorroga las protecciones legales de los colonos en la Cisjordania ocupada, marcando un importante revés que podría acelerar la desaparición de la coalición gobernante y enviar al país a nuevas elecciones.
Al no renovarse el proyecto de ley, se puso también de manifiesto la existencia de sistemas jurídicos distintos en Cisjordania, donde casi 500.000 colonos judíos disfrutan de los beneficios de la ciudadanía israelí, mientras que unos 3 millones de palestinos viven bajo un régimen militar que ya ha cumplido seis décadas.
Tres grupos de derechos humanos consideran que la situación equivale a un apartheid, una acusación que Israel califica como un ataque a su legitimidad.
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La coalición del primer ministro Naftali Bennett se mantiene en el poder, pero la votación del lunes subraya las debilidades y divisiones de esta frágil alianza y plantea dudas sobre cuánto tiempo más podrá sobrevivir.
La normativa de emergencia en vigor desde hace décadas ha creado un sistema jurídico diferente para los colonos judíos de Cisjordania, y les aplica partes de la legislación israelí, aunque vivan en territorio ocupado y no en tierra israelí soberana.
Estas normas expiran a finales de mes y, si no se renuevan, ese sistema jurídico, que Israel ha cultivado para sus colonos en Cisjordania desde que capturó el territorio en 1967, quedará en la incertidumbre.
Ello podría cambiar también el estatus legal de los 500.000 colonos que viven allí.
Quienes están a favor de la prórroga de la ley dicen que sólo pretenden mantener el statu quo y preservar la vigencia del gobierno. Los opositores dicen que la ampliación de la normativa profundizaría un sistema injusto.
Sin embargo, la votación del lunes —derrotada por un margen de 58 a 52— fue mucho más allá de los límites del debate legal.
Más bien, sirvió como una prueba clave de las posibilidades de supervivencia del gobierno, creando una situación paradójica en la que algunos de los principales oponentes de los asentamientos en el gobierno votaron a favor del proyecto de ley, mientras que los partidos de línea dura que apoyan los asentamientos votaron en contra con el fin de debilitar al gobierno.
La coalición, formada por ocho partidos de distinta ideología que incluye tanto a partidarios como a detractores de los asentamientos, se constituyó el año pasado y se comprometió a evitar las cuestiones divisorias que pudieran amenazar su supervivencia. La votación del lunes demostró lo difícil que ha sido esa misión.
La votación no desmantela al gobierno, y todavía es posible que la coalición presente una versión modificada de la legislación.
“Como siempre, después de perder, volveremos más fuertes y ganaremos en la siguiente ronda”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, principal artífice de la alianza de gobierno, en un comunicado publicado en Twitter.
Pero el revés indica que el gobierno podría tener los días contados. Uno de los miembros de la coalición, el partido nacionalista Nueva Esperanza, ya ha amenazado con salirse si la coalición no puede aprobar la medida. Si Nueva Esperanza se va, podría dar a la oposición los votos que necesita para convocar a nuevas elecciones o formar un nuevo gobierno.
