LA LIMONERA, El Salvador (AP) — Esmeralda Domínguez estaba a escasos 100 metros de su casa cuando soldados y policías le bloquearon el paso en un pequeño puente. Las autoridades habían esperado allí durante horas. Domínguez —dijeron los vecinos— fue la única persona a la que detuvieron.
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Su tía, que vivía cerca, protestó. Domínguez no era una criminal, les dijo, enumerando las organizaciones comunitarias que su sobrina dirigía o en las que participaba. No importó.
“Nosotros sabemos lo que andamos haciendo”, le dijo un soldado a la tía antes de subir a la joven a un camión. Se alejó, dejando su motocicleta negra al lado de la carretera.
Eso fue el 19 de abril. Y nadie en su familia la ha visto desde entonces.
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Desde que el Congreso otorgó al presidente Nayib Bukele el poder de suspender algunas libertades civiles para perseguir a las pandillas en El Salvador, las fuerzas de seguridad han arrestado en las últimas 10 semanas a más de 36.000 personas. Y apenas la semana pasada, los legisladores extendieron esos poderes por otros 30 días, luego de que las encuestas de opinión pública mostraron un amplio apoyo popular.
Sin embargo, un número creciente de arrestos, como el de Domínguez, parecen arbitrarios o injustificados, alegan grupos de derechos humanos.
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Cristosal, una organización no gubernamental, ha documentado más de 500 casos de arrestos arbitrarios desde que se impuso el estado de excepción el 27 de marzo, según su director Noah Bullock. Amnistía Internacional aseguró el jueves que sus propias investigaciones sugieren que ha habido miles de detenciones que no cumplen los requerimientos judiciales.
Bukele buscó los poderes ampliados, a través de una declaratoria de estado de excepción, después de que las pandillas -conocidas como maras- mataran a decenas de personas a fines de marzo. A dos semanas de las detenciones masivas, el presidente reconoció que puede haber un “error” de que el 1% de los arrestados no tenga ningún vínculo con las pandillas. Pero incluso ese número aparentemente pequeño sugiere que las autoridades no sustentan sus arrestos en investigaciones, dicen sus críticos. La oficina del presidente se negó a comentar.
Ahora, bajo el estado de excepción, las autoridades no tienen que dar una razón a los detenidos, quienes pueden permanecer 15 días sin ver a un juez y sin acceso a abogados.
Cuando los arrestados finalmente consiguen un abogado, la oficina del defensor público está abrumada. Decenas de miles de casos nuevos se han acumulado sobre los casos existentes. Y en todo el país sólo hay alrededor de 250 defensores públicos.
La familia de Domínguez y unas 50 personas más de la misma zona parecen ser unos de los primeros en organizarse en un esfuerzo por liberar a sus familiares.
Las familias han interpuesto ante los tribunales medidas judiciales conocidas como “hábeas corpus”, a través de las cuales buscan que alguien bajo custodia sea llevado ante un tribunal, además de que coloca la carga de la prueba en el gobierno. Cristosal ha estado ayudando con muchos de esos casos, incluido el de Domínguez.
El delito más común atribuido a los detenidos, entre ellos Domínguez, es el de asociación ilícita por presunta pertenencia a una banda. Prácticamente de manera automática, los jueces han ordenado que la gran mayoría de los arrestados permanezcan detenidos durante seis meses a pedido de los fiscales, a pesar de la poca o ninguna evidencia de apoyo, según un informe de Cristosal. Hasta el 20 de mayo, los jueces habían ordenado que más de 26.000 personas fueran encarceladas, dicen los fiscales.
En abril, un sindicato de policías dijo que algunos comandantes, presionados por cumplir con cuotas de arrestos, exigían a sus oficiales hacer todo lo necesario para arrestar “pandilleros”, incluso dar declaraciones falsas que vinculaban a las personas con las pandillas. El mes pasado, tres policías fueron detenidos cuando iban a cobrar dinero que habían exigido a cambio de no detener a nadie.
Apenas unas horas antes de que Domínguez fuera detenida, en un mensaje en su cuenta de Twitter que acompañaba fotos de pandilleros con la camisa levantada y el torso cubierto de tatuajes, Bukele escribió que las autoridades habían arrestado a más de 13.000 “terroristas”. Quienes siguen las noticias del presidente en las redes sociales no se imaginarían que Domínguez, madre de dos hijos, incluida una niña de 4 meses, pronto figuraría en la creciente lista de arrestos.
José Lazo Romero, abogado de la Fundación Hermano Mercedes Ruíz, una organización cristiana de justicia social con la que trabajaba Domínguez, dijo que conocía al menos 15 casos similares al de ella en la zona, incluidos tres jóvenes detenidos cuando regresaban a casa después de jugar fútbol y una persona discapacitada llevada por las autoridades.
“Se dice que aquel que nada debe, nada teme", dijo Lazo. “Hoy hay que relativizar ese dicho: ahora justamente personas que nada deben, temen ser detenidas, temen ser llevadas a las bartolinas, ser enviadas a los penales”.
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La región se conoce como Bajo Lempa, unas llanuras al sureste de la capital cerca de donde el río Lempa desemboca en el Océano Pacífico. Estas tierras bajas se inundan casi cada año cuando el Lempa se desborda y avanza sobre las comunidades agrarias, como en donde creció Domínguez.
Muchas de las personas que viven aquí llegaron tras haber huido a otros lugares durante la guerra civil en la década de 1980. Antes de llegar a esta zona, algunos estuvieron en Panamá, Nicaragua, o en otras regiones de El Salvador.
Después del acuerdo de paz de 1992, muchos simpatizantes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FMLN, fueron reasentados aquí. María Dolores García, de 55 años y madre de Domínguez, fue una de ellas.
García fue una sobreviviente en su niñez de la masacre de la Quesera. En octubre de 1981, las fuerzas militares de El Salvador, incluida una unidad de élite entrenada por Estados Unidos, arrasaron con las comunidades de la zona. Varios cientos de personas, muchas mujeres y niños, fueron asesinados.
“Pasé todo ese sufrimiento de la guerra”, dijo. “Y hoy nuevamente estar en esta persecución no es fácil".
Los defensores dicen que la gran mayoría de los arrestados provienen de comunidades pobres y marginadas. El dolor es doblemente sentido por sus familias, porque los detenidos a menudo eran el sostén de la familia.
Domínguez no fue la primera de su familia en ser arrestada. Sergio Santos, un trabajador agrícola, su pareja actual y padre de su hija de 4 meses, fue detenido el 9 de abril por policías que llegaron a la casa y le preguntaron a García cuántos hombres y mujeres vivían allí. Le dijeron que despertara a Santos. Ella recordó que tenían una lista de nombres, miraron su identificación y le dijeron: “ah, pues si vos sos", y lo esposaron.
Domínguez hizo visitas diarias a la policía, a la cárcel, tratando de obtener información. Era muy conocida en la comunidad y había trabajado junto con los agentes de la comisaría local en un programa juvenil para prevenir la violencia. Su madre dijo que su trabajo no la había puesto en contacto con pandilleros.
El día que se topó con la policía, Domínguez había tratado de entregar comida a Santos y descubrió que lo habían trasladado a una prisión en la capital. Y ella quedó también detenida.
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Hace años, las pandillas estaban presentes aquí. Reclutaron a los hijos y nietos de exguerrilleros.
“A la fuerza había que convivir con ellos aquí", dijo Ricardo Hernández, de 68 años y vecino de Domínguez y su familia. “Ellos pedían agua, había que darles; pedían algo, había que darles, hasta comida y algún dinero".
Eso cambió cuando el gobierno instaló dos comisarías en la zona hace varios años. Las pandillas se mudaron a los manglares más cerca de la costa y la policía se hizo, y sigue siendo, más visible. Ahora no hay signos de graffitis de pandillas.
Con el Congreso extendiendo el estado de excepción por otro mes, han surgido más preguntas sobre qué condujo al aumento de asesinatos en marzo.
El mes pasado, el sitio de noticias de investigación El Faro publicó conversaciones telefónicas aparentemente entre líderes de pandillas y un miembro del gobierno de Bukele. Las grabaciones indicaron que los asesinatos, 62 en un día, se produjeron en respuesta a la ruptura de un acuerdo secreto con el gobierno. El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios, incluido el que fue grabado en las conversaciones, diciendo que el gobierno de Bukele había comprado el apoyo de las pandillas con privilegios para sus líderes encarcelados.
Bukele ha negado previamente haber negociado con las pandillas, pero su única respuesta pública a la última evidencia que implica a su administración ha sido un emoji de risa en Twitter.
Al solicitar la prórroga, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que el gobierno quiere erradicar las pandillas. “Esta guerra”, dijo, “va a continuar por el tiempo que sea necesario y en la medida en que la población nos lo siga demandando".
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Una mañana reciente, García sacó de una bolsa de plástico un fajo de cartas selladas y firmadas. Todas ellos dan fe del activismo comunitario de Domínguez, de organizaciones que ella dirigió o para las que trabajó; organizaciones que defendían a las mujeres, promovían el desarrollo comunitario y presionaban por una agricultura libre de químicos.
En una audiencia judicial realizada de manera remota el 2 de mayo, decenas de detenidos fueron procesados masivamente. Ahí el juez ordenó seis meses más de prisión preventiva para Domínguez. García le había entregado las cartas a un defensor público, pero el juez nunca las vio.
En las comparecencias de las que ha sido testigo Cristosal, los jueces ven los casos de entre 50 y a veces más de 500 detenidos a la vez. Los jueces tampoco, en general, admiten documentos como los que recopiló García que hablan del carácter de los acusados.
“Las pruebas presentadas contra estas personas son lo que describiríamos como estadísticas generales, no necesariamente información que vincule a las personas con actividades delictivas”, dijo Bullock, director de Cristosal.
En otro caso, una mujer arrestada en 2019 por un cargo de asociación ilícita después de que un pandillero mencionara su nombre en una conversación telefónica intervenida, fue arrestada nuevamente durante el estado de excepción. Cristosal, que la está ayudando, sostiene que fue arrestada y acusada por segunda vez por las mismas circunstancias en su caso de 2019. Su familia dijo que no había evidencia de irregularidades.
Han surgido otras historias de personas que acababan de cumplir o casi cumplieron una sentencia de prisión y fueron arrestadas nuevamente por los mismos cargos. Dichos arrestos sugieren que el gobierno está utilizando listas de personas que han tenido contacto con el sistema de justicia penal, incluso si ya han sido absueltas, al realizar las detenciones.
A unos 200 metros de la casa de la familia en la Limonera, Domínguez cultivaba una parcela para ayudar a alimentar a la familia. No hace mucho, la hierba mala desplazaba las hileras de tomates y piñas.
García dice que, de repente, cambió su vida y se volvió la principal cuidadora de dos niños, incluido una bebé que su hija había estado amamantando. Domínguez y su pareja están en la cárcel, al igual que el padre de la hija más grande de Domínguez, de 12 años, quien le había estado dando algún apoyo económico.
García ha dependido de donaciones para alimentar a los niños. Le preocupa que las plantas mueran en el jardín desatendido de su hija. “Aquí en la comunidad a todo el mundo le ha impactado, porque todo el mundo la conoce", dijo García. “Ella era la cabeza de la familia”.
¿Y qué pasará con gente como Domínguez? Bajo las reglas actuales, no hay forma de saberlo.
“Hay un futuro muy incierto para las personas que se encuentran en este agujero negro del sistema de justicia”, dijo Bullock.
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Sherman reportó desde Ciudad de México. El periodista de The Associated Press, E. Eduardo Castillo, contribuyó con esta historia desde Ciudad de México.
