AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Cuarenta años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificara el derecho a la educación pública para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que esa decisión es otro precedente histórico que vale la pena impugnar.
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El republicano está planteando que Texas presente una nueva impugnación sobre la financiación escolar de los niños que viven en Estados Unidos sin autorización.
Las declaraciones se producen en un momento en el que la mayoría conservadora de la Corte Suprema federal parece estar dispuesta a anular el fallo del caso Roe vs. Wade que garantizó el derecho al aborto hace casi 50 años.
Los comentarios de Abbott, que aspira a ser reelegido en noviembre y ha elevado su visibilidad nacional durante el último año a través de medidas de línea dura contra la inmigración, provocaron críticas inmediatas por parte de los grupos defensores de derechos de los inmigrantes y de la Casa Blanca.
Esto es lo que hay que saber:
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¿QUÉ IMPUGNARÍA TEXAS?
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El requerimiento de que las escuelas públicas impartan clases a todos los niños fue ratificado por un fallo en 1982 en un caso conocido como Plyler vs. Doe.
La decisión, tomada por 5 votos a favor y 4 en contra, anuló una norma de Texas que pretendía denegar la inscripción a cualquier estudiante que no estuviera “legalmente admitido” en el país.
El fallo consideraba que la ley de Texas violaba la Cláusula de Igual Protección de la Constitución. Los expertos en derecho estiman que se trata de un caso emblemático sobre la educación pública.
Los partidarios del establecimiento de límites estrictos a la inmigración ya habían buscado formas de debilitar la decisión.
Una de las pruebas más notables se dio cuando los votantes de California aprobaron en 1994 la Propuesta 187, que prohibía a los inmigrantes recibir atención en el sistema de salud pública, educación y otros servicios sociales si estaban en el país de manera ilegal. La ley fue abrogada.
“Lo que la corte reconoció en el caso Plyler es que se está creando una población en la sombra”, dijo Geoffrey Hoffman, director de la Clínica de Inmigración del Centro Legal de la Universidad de Houston. “En otras palabras, estos niños tendrán repercusiones a lo largo de sus vidas si no reciben una educación”.
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¿QUÉ DIJO ABBOTT?
Durante los siete años que lleva Abbott en el cargo, los republicanos de Texas se han desplazado cada vez más hacia la derecha, sobre todo en materia de inmigración y seguridad fronteriza, que Abbott ha convertido en la piedra angular de su administración.
Una ley que Abbott promulgó en 2017 permite a la policía preguntar durante paradas de rutina si alguien está en Estados Unidos legalmente.
También ha invertido miles de millones de dólares para llevar a cabo una misión de seguridad fronteriza denominada Operación Estrella Solitaria, que ha resultado en la detención de inmigrantes por parte de la policía estatal y en el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional en la frontera.
El miércoles, un locutor de radio de tendencia conservadora preguntó a Abbott qué podía hacer con respecto al costo de impartir educación a los niños que viven en Estados Unidos sin autorización legal, lo cual calificó como una carga para los distritos locales.
Se desconoce el número de estudiantes que se encuentran en esa situación o los costes, ya que Texas no hace un seguimiento de la ciudadanía en las aulas.
Abbott señaló el caso Plyler vs. Doe en su respuesta.
“Creo que resucitaremos ese caso e impugnaremos este tema de nuevo”, dijo Abbott. “Porque los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes a cuando se emitió Plyler vs. Doe hace muchas décadas”.
Al preguntarle de nuevo sobre el tema el jueves, Abbott dijo que el núcleo del argumento sería que el gobierno federal debería pagar la factura ante el elevado número de cruces de migrantes.
Según Hoffman, Texas expuso esos mismos argumentos de tipo económico en el caso Plyler vs. Doe y fueron rechazados por la corte.
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¿CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA?
Los defensores de los derechos de los inmigrantes, los demócratas y la Casa Blanca se han mostrado furiosos por las declaraciones de Abbott.
Uno de los grupos que impulsó el caso Plyler vs. Doe, el Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación, señaló que Abbott estaba tratando de infligir un daño que la corte trató de evitar hace décadas.
El demócrata Beto O’Rourke, excandidato presidencial y quien busca la gubernatura de Texas, acusó a Abbott de estar “en contra de proporcionar educación pública a todos los niños del estado de Texas”.
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¿QUÉ SIGUE?
Abbott no dio un calendario de cuándo o cómo Texas podría presentar una impugnación. Cualquier nuevo proyecto de ley redactado por los republicanos tendría que esperar hasta 2023, cuando la legislatura estatal reanude su actividad.
